El anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional (PHN) presentado al Consejo Nacional del Agua a primeros de septiembre obedece a una política continuista y equivocada. El almacenamiento, la canalización y el transporte del agua de unas zonas del país a otras anunciado por el Gobierno no tiene nada que ver con una verdadera gestión del agua, que debería basarse en criterios definidos por la escasez de este recurso. Si a esto le sumamos que el Plan beneficia claramente a las empresas constructoras que ejecutarían el centenar de embalses y los trasvases propuestos, nos encontramos con una situación desastrosa.
Hay que buscar el equilibrio entre la conservación del agua y de los ecosistemas asociados, como ríos, lagos, deltas, marismas, o bosques de ribera, ya muy castigados por una política hidráulica basada en el hormigón, y la satisfacción de las necesidades reales de agua de los distintos sectores de la población. Todo esto sin olvidar que, más allá de su importante función económica, el agua es la base de la vida y que muchos ecosistemas, como los ríos, ya han sufrido bastante a causa de una mala política hidráulica.
En España, donde más del 80% del agua es consumida por el sector agrícola, una demanda histórica del movimiento ecologista ha sido la aprobación de un Plan Nacional de Regadíos necesariamente antes que la aprobación de un Plan Hidrológico. Ofrecer más agua al mejor postor, que es lo que parece proponer el Gobierno, mientras que más de la mitad de la superficie en regadío se caracteriza por la utilización de sistemas de riego ineficaces (como el riego a manta o por gravedad), el mal estado de las canalizaciones, pérdidas masivas de agua, e incluso la explotación ilegal de acuíferos, es como dejar el grifo abierto y el desagüe destapado al lavarnos los dientes. Justo lo que la propia Administración pretende evitar a través de sus campañas de sensibilización ciudadana.
Según el propio Ministerio de Medio Ambiente, en 25.000 kilómetros de cauce de nuestros ríos, es decir, en el 33% de los cursos fluviales españoles, se ha detectado una contaminación severa. La lucha contra ella ofrece posibilidades mayores de aumentar la disponibilidad del recurso que la construcción de nuevas infraestructuras.
La industria química ha puesto más de 100.000 sustancias sintéticas en el medio ambiente, de las que sólo se conocen los efectos reales de un número muy reducido. La intensificación de la agricultura y la expansión del regadío llevan asociada una mayor utilización de compuestos químicos contaminantes: abonos y pesticidas de todo tipo, con compuestos peligrosos derivados de organoclorados (DDT, clordano, toxafeno, dieldrina, aldrina, endrina, heptacloro y mirex), prohibidos o con severas restricciones en la mayoría de los países -aunque no en todos- genera un panorama cada vez más grave en nuestro país.
El cuidado de la calidad del agua esuna asignatura pendiente del Gobierno. Hay que reducir el consumo del agua en el sector agrario y en el abastecimiento urbano, hay que eliminar la posibilidad de contaminar ríos, lagos y acuíferos, impidiendo a la industria que bajo el lema "quien contamina, paga", siga vertiendo sus desechos impunemente en detrimento del bienestar general y del medio ambiente.
La construcción del Embalse de Itoiz y del Canal de Navarra, defendidos por los gobiernos central y autonómico como una obra clave para la planificación hidrológica de Navarra, tiene como objetivo real el trasvase. Ambos gobiernos han estado ocultando a los ciudadanos que el embalsamiento del agua del río Irati en la presa de Itoiz, y su distribución a través del Canal de Navarra, tenía como objetivo real llevar este agua al Ebro, y desde aquí, a las cuencas del sudeste. Así se confirma que los 1.000 Hm3/año que se trasvasarían desde el Ebro, tienen su origen en los embalses proyectados en la zona pirenaica y pre-pirenaica de Aragón y Navarra, en zonas ecológicamente sensibles, cuyos habitantes se verían fozados a abandonar sus casas y sus tierras.
Lo dice el refrán popular: "Agua que no has de beber, déjala correr".
Hay que buscar el equilibrio entre la conservación del agua y de los ecosistemas asociados, como ríos, lagos, deltas, marismas, o bosques de ribera, ya muy castigados por una política hidráulica basada en el hormigón, y la satisfacción de las necesidades reales de agua de los distintos sectores de la población. Todo esto sin olvidar que, más allá de su importante función económica, el agua es la base de la vida y que muchos ecosistemas, como los ríos, ya han sufrido bastante a causa de una mala política hidráulica.
En España, donde más del 80% del agua es consumida por el sector agrícola, una demanda histórica del movimiento ecologista ha sido la aprobación de un Plan Nacional de Regadíos necesariamente antes que la aprobación de un Plan Hidrológico. Ofrecer más agua al mejor postor, que es lo que parece proponer el Gobierno, mientras que más de la mitad de la superficie en regadío se caracteriza por la utilización de sistemas de riego ineficaces (como el riego a manta o por gravedad), el mal estado de las canalizaciones, pérdidas masivas de agua, e incluso la explotación ilegal de acuíferos, es como dejar el grifo abierto y el desagüe destapado al lavarnos los dientes. Justo lo que la propia Administración pretende evitar a través de sus campañas de sensibilización ciudadana.
Según el propio Ministerio de Medio Ambiente, en 25.000 kilómetros de cauce de nuestros ríos, es decir, en el 33% de los cursos fluviales españoles, se ha detectado una contaminación severa. La lucha contra ella ofrece posibilidades mayores de aumentar la disponibilidad del recurso que la construcción de nuevas infraestructuras.
La industria química ha puesto más de 100.000 sustancias sintéticas en el medio ambiente, de las que sólo se conocen los efectos reales de un número muy reducido. La intensificación de la agricultura y la expansión del regadío llevan asociada una mayor utilización de compuestos químicos contaminantes: abonos y pesticidas de todo tipo, con compuestos peligrosos derivados de organoclorados (DDT, clordano, toxafeno, dieldrina, aldrina, endrina, heptacloro y mirex), prohibidos o con severas restricciones en la mayoría de los países -aunque no en todos- genera un panorama cada vez más grave en nuestro país.
El cuidado de la calidad del agua esuna asignatura pendiente del Gobierno. Hay que reducir el consumo del agua en el sector agrario y en el abastecimiento urbano, hay que eliminar la posibilidad de contaminar ríos, lagos y acuíferos, impidiendo a la industria que bajo el lema "quien contamina, paga", siga vertiendo sus desechos impunemente en detrimento del bienestar general y del medio ambiente.
La construcción del Embalse de Itoiz y del Canal de Navarra, defendidos por los gobiernos central y autonómico como una obra clave para la planificación hidrológica de Navarra, tiene como objetivo real el trasvase. Ambos gobiernos han estado ocultando a los ciudadanos que el embalsamiento del agua del río Irati en la presa de Itoiz, y su distribución a través del Canal de Navarra, tenía como objetivo real llevar este agua al Ebro, y desde aquí, a las cuencas del sudeste. Así se confirma que los 1.000 Hm3/año que se trasvasarían desde el Ebro, tienen su origen en los embalses proyectados en la zona pirenaica y pre-pirenaica de Aragón y Navarra, en zonas ecológicamente sensibles, cuyos habitantes se verían fozados a abandonar sus casas y sus tierras.
Lo dice el refrán popular: "Agua que no has de beber, déjala correr".