Semanalmente barcos cargados de madera procedente de la tala ilegal y destructiva de los últimos bosques primarios llegan al Puerto de Valencia. Y España no está haciendo nada por detenerlo.
Greenpeace ha denunciado este hecho en los últimos días y por ello está siendo sometida a un acoso para acallarla. Mañana se juzga en Valencia al capitán del Rainbow Warrior y a cinco de los activistas que tomaron parte en la acción de protesta contra el buque Honour. Hoy el Ministerio de Fomento ha iniciado un trámite administrativo contra Greenpeace por el que la organización ecologista debe pagar 300.500 euros para poder liberar al Rainbow Warrior de su arresto.
Los responsables políticos de la catástrofe del Prestige, Cascos y López-Sors, tratan de acallar las protestas de Greenpeace con multas millonarias que no aplican a los barcos basura como el Prestige o a los que introducen madera ilegal en los puertos españoles. La Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, impedirá la salida del Rainbow Warrior del Puerto de Valencia si la organización ecologista no deposita un aval de 300.500 euros.
¿Qué intereses tiene el Gobierno en obstaculizar la denuncia de tráfico de madera ilegal? Esta actuación tan rotunda contra Greenpeace contrasta con la permisividad con la que el Gobierno español facilitó la entrada del buque Honour, cargado con madera ilegal, en el Puerto de Valencia mientras el Rainbow Warrior era apresado.
Greenpeace ha denunciado este hecho en los últimos días y por ello está siendo sometida a un acoso para acallarla. Mañana se juzga en Valencia al capitán del Rainbow Warrior y a cinco de los activistas que tomaron parte en la acción de protesta contra el buque Honour. Hoy el Ministerio de Fomento ha iniciado un trámite administrativo contra Greenpeace por el que la organización ecologista debe pagar 300.500 euros para poder liberar al Rainbow Warrior de su arresto.
Los responsables políticos de la catástrofe del Prestige, Cascos y López-Sors, tratan de acallar las protestas de Greenpeace con multas millonarias que no aplican a los barcos basura como el Prestige o a los que introducen madera ilegal en los puertos españoles. La Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Fomento, impedirá la salida del Rainbow Warrior del Puerto de Valencia si la organización ecologista no deposita un aval de 300.500 euros.
¿Qué intereses tiene el Gobierno en obstaculizar la denuncia de tráfico de madera ilegal? Esta actuación tan rotunda contra Greenpeace contrasta con la permisividad con la que el Gobierno español facilitó la entrada del buque Honour, cargado con madera ilegal, en el Puerto de Valencia mientras el Rainbow Warrior era apresado.