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La juez del bórico ordena un registro en la Comisaría General de Información
NIEVES COLLI
MADRID. La juez Gema Gallego -titular del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid encargada de la investigación del llamado «caso bórico»- ordenó la pasada semana la práctica de un registro en las dependencias de la Comisaría General de Información. Fuentes jurídicas explicaron que la instructora buscaba el libro en el que se apuntan las entradas y salidas de documentos que intercambian esa Comisaría y la de Policía Científica y, en concreto, quería conocer todos los movimientos correspondientes a marzo de 2005. En realidad, no existe un libro de registro como tal, pues todos los datos están informatizados.
De ese mes y de ese año es el informe pericial que identificó como ácido bórico la sustancia hallada en diciembre de 2004 en la vivienda de Lanzarote de Hassan El Haski (un marroquí luego procesado por el 11-M que declaró que utilizaba el ácido bórico para matar cucarachas). También de marzo de 2005 es el borrador de ese mismo informe en el que aparecen unas observaciones -posteriormente eliminadas por su inconsistencia científica- que vinculaban a ETA con los atentados de los trenes a partir del ácido bórico, sustancia que también fue hallada, aunque tres años antes (en 2001), en un piso de la banda terrorista en Salamanca. Al tratarse de un compuesto inofensivo, el informe policial redactado en la operación contra ETA de 2001 ni siquiera mencionó el hallazgo.
Fuentes jurídicas han explicado que la diligencia ordenada por la juez Gallego -fue la secretaria judicial quien la llevó a cabo- se prolongó durante varios días y se llevó a cabo sin previa comunicación a la Fiscalía (para la que el procedimiento no es secreto). La secretaria judicial no se llevó ningún documento de la Comisaría, pero sí analizó los cerca de 3.000 apuntes correspondientes a las entradas y salidas de marzo de 2005 que el Servicio de Información de la Policía tiene informatizadas (y no en un libro). Y ello, al parecer, pese a la advertencia sobre el carácter «reservado» que la Ley de Secretos Oficiales atribuye a esos datos.
El objetivo del registro ordenado por la juez Gallego -que hoy tomará declaración como imputado a Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica y superior directo de los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, a los que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó por un presunto delito de falsedad en documento oficial- era, según los medios citados, localizar el oficio con el que el Servicio de Información solicitó a la Científica que analizara los 1.300 gramos de la sustancia blanca (el ácido bórico) hallada en el domicilio de El Haski.
Ramírez dijo que eran opiniones
Ramírez -expresamente exculpado por Garzón- declaró en la Audiencia Nacional que las observaciones sobre una hipotética vinculación entre ETA y el 11-M fueron eliminadas del informe porque respondían a opiniones subjetivas y porque no se solicitaban en el oficio remitido por el Servicio de Información para pedir el análisis científico. También explicó que fue el secretario general de la Comisaría de Policía Científica quien ordenó eliminar esos párrafos.
La citación de Ramírez como imputado tiene su justificación en que el procedimiento que tramita la juez Gallego arranca de una querella que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M interpuso contra este inspector jefe, entre otros mandos policiales.
Fuente : ABC
NIEVES COLLI
MADRID. La juez Gema Gallego -titular del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid encargada de la investigación del llamado «caso bórico»- ordenó la pasada semana la práctica de un registro en las dependencias de la Comisaría General de Información. Fuentes jurídicas explicaron que la instructora buscaba el libro en el que se apuntan las entradas y salidas de documentos que intercambian esa Comisaría y la de Policía Científica y, en concreto, quería conocer todos los movimientos correspondientes a marzo de 2005. En realidad, no existe un libro de registro como tal, pues todos los datos están informatizados.
De ese mes y de ese año es el informe pericial que identificó como ácido bórico la sustancia hallada en diciembre de 2004 en la vivienda de Lanzarote de Hassan El Haski (un marroquí luego procesado por el 11-M que declaró que utilizaba el ácido bórico para matar cucarachas). También de marzo de 2005 es el borrador de ese mismo informe en el que aparecen unas observaciones -posteriormente eliminadas por su inconsistencia científica- que vinculaban a ETA con los atentados de los trenes a partir del ácido bórico, sustancia que también fue hallada, aunque tres años antes (en 2001), en un piso de la banda terrorista en Salamanca. Al tratarse de un compuesto inofensivo, el informe policial redactado en la operación contra ETA de 2001 ni siquiera mencionó el hallazgo.
Fuentes jurídicas han explicado que la diligencia ordenada por la juez Gallego -fue la secretaria judicial quien la llevó a cabo- se prolongó durante varios días y se llevó a cabo sin previa comunicación a la Fiscalía (para la que el procedimiento no es secreto). La secretaria judicial no se llevó ningún documento de la Comisaría, pero sí analizó los cerca de 3.000 apuntes correspondientes a las entradas y salidas de marzo de 2005 que el Servicio de Información de la Policía tiene informatizadas (y no en un libro). Y ello, al parecer, pese a la advertencia sobre el carácter «reservado» que la Ley de Secretos Oficiales atribuye a esos datos.
El objetivo del registro ordenado por la juez Gallego -que hoy tomará declaración como imputado a Francisco Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica y superior directo de los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique, a los que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó por un presunto delito de falsedad en documento oficial- era, según los medios citados, localizar el oficio con el que el Servicio de Información solicitó a la Científica que analizara los 1.300 gramos de la sustancia blanca (el ácido bórico) hallada en el domicilio de El Haski.
Ramírez dijo que eran opiniones
Ramírez -expresamente exculpado por Garzón- declaró en la Audiencia Nacional que las observaciones sobre una hipotética vinculación entre ETA y el 11-M fueron eliminadas del informe porque respondían a opiniones subjetivas y porque no se solicitaban en el oficio remitido por el Servicio de Información para pedir el análisis científico. También explicó que fue el secretario general de la Comisaría de Policía Científica quien ordenó eliminar esos párrafos.
La citación de Ramírez como imputado tiene su justificación en que el procedimiento que tramita la juez Gallego arranca de una querella que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M interpuso contra este inspector jefe, entre otros mandos policiales.
Fuente : ABC