Siberian Husky
Con el alma y mente puestos en mi madre
Las elecciones del 20 de diciembre han arrojado unos resultados, y los españoles aún se preguntan cómo han sido: los bloques de centro-derecha (PP y Ciudadanos) y centro-izquierda (PSOE, Podemos y Unidad Popular) permanecen, ambos, sumamente alejados de la cifra mágica necesaria para la gobernabilidad. Sin embargo, el vuelco político y social en el realineamiento de fuerzas acontecido en este año 2015 ha sido de tan inmensa magnitud, con la fulgurante aparición de los emergentes, los cuales han minado de una porción considerable de respaldo ciudadano a unas estructuras de partido mayoritarias que, habiendo legislado -mediante imposición de instancias supranacionales- en flagrante colisión con los intereses del pueblo español y contrariamente a los programas electorales con los que se presentaban a los comicios vulnerando el principio de representación en las instituciones, no han sabido reaccionar a una oleada cívica de protesta canalizada en forma de formaciones políticas portadoras de mayor dinamismo, juventud y, en suma, más enraizadas y conectadas con el pensamiento del español medio, fundamentalmente, en las áreas urbanas y de mediana-joven franja de edad.
Ésa es, en mi opinión, la primera premisa que debería ser considerada. La segunda, tras una lectura detallada de los resultados, estribaría en emitir una ojeada a los resultados que se han gestado en la periferia de nuestro país, concretamente en Catalunya y el País Vasco. En ambas Comunidades Autónomas históricas, se ha impuesto, como primera opción, Podemos (o sus derivaciones confluyentes). La impresión que se transmite de esa consecuencia se resume en que, una parte netamente importante del electorado vasco y catalán se habría sentido atraída por la promesa, contenida en el programa electoral de los de Pablo Iglesias, de someter a referéndum (en el caso catalán) el afán de autodeterminación de su propio encaje constitucional en el conjunto del Estado español, mediante consulta pactada y consensuada con el Gobierno de España, en un marco de legalidad y seguridad jurídica. Y algo similar podría deducirse del supuesto vasco, pues se ha asistido a un trasvase de voto cuantitativamente reseñable entre EH-Bildu y Podemos a favor de éste último.
Por tanto, la inviabilidad de un acuerdo de gobernabilidad enmarcado en el tradicional continuum izquierda-derecha, la profunda crisis sistémica en múltiples frentes de un sistema político-institucional como el español en evidente estado de descomposición y deslegitimación por un conjunto apreciable de la opinión pública (corrupción endémica, desconexión entre representantes y representados, obstáculos a la independencia efectiva del Poder judicial, incremento galopante de las desigualdades, carencia de una política fundada en el reconocimiento de nuestra historia pasada, como en el supuesto relativo a la puesta en práctica de un Plan que, aunado a la Ley de Memoria Histórica, restituya la dignidad y el honor de los represaliados del bando vencedor en la Guerra Civil y en la posterior dictadura, cerrando unas heridas que prosiguen abiertas entre muchos compatriotas, percepción ampliamente extendida acerca de la inutilidad del Senado como cámara de representación territorial, figuras jurídicas tan cuestionables como las del aforamiento de diputados y senadores o el indulto discrecional en manos del Gobierno, el propio sistema electoral, entre muchas otras cuentas pendientes) harían necesario que, como preámbulo a un nuevo ciclo de nuestra vida política, se eliminaran las pulsiones cainitas tan presentes en el devenir histórico de nuestro país, entre proyectos políticos aparentemente excluyentes (algo, por otra parte, connatural en toda democracia, en la que compiten ofertas electorales de variado espectro en la lucha lícita, bajo una serie de reglas del juego, por el poder, decidiendo la ciudadanía en pleno uso de su derecho al voto) y convergieran, al menos, por una vez, a fin de conducir a buen puerto las reformas institucionales, de conducta pública ejemplar, de lucha contra la corrupción y las malas prácticas en la res publica, encaminadas a que, en una legislatura tan singular como la que propongo, la situación por la que atraviesa el pueblo español mejore exponencialmente, y la confianza del mismo en quienes deberían, por bandera, velar por el interés general se restituyera plenamente, encarando una nueva etapa de nuestro sino como comunidad con mayores visos de autoconfianza y esperanza depositada en nuestro porvenir colectivo.
Para ello, yo propondría el siguiente modelo, el cual se circunscribiría, únicamente a esta legislatura a punto de arrancar:
Nuestra Constitución declara que el Rey entablará contactos con los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria en las nuevas Cortes, a fin de determinar la designación del candidato destinado a hacerse valedor del respaldo de la mayoría de la Cámara en la sesión de investidura, como Presidente del Gobierno. Por tanto, se estimaría deseable que, previamente a tal eventualidad, las cinco formaciones de ámbito estatal que, según estas elecciones, preservan un respaldo ciudadano significativo -PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Unidad Popular (con apenas dos escaños, pero con casi un millón de sufragios a los que no deberíamos desdeñar en consideración e importancia relativa- se pusieran de acuerdo en la elección de un perfil que se adecuara a las siguientes características: una persona de en torno a unos 40-42 años, de prestigio, desprovisto de pasado y sin vinculación política aparente, capaz de armonizar con los nuevos tiempos, sin generar rechazo por parte de los proponentes. Puesto que nuestra Ley fundamental contempla la apuesta por un Presidente no necesariamente diputado, se cumpliría dicho requisito. El rol a desplegar por el mismo en dicho mandato consistiría en moderar y arbitrar las riendas del Ejecutivo, garantizando la cohesión y la consiguiente unidad de criterio en el Consejo de Ministros, estableciendo un rango de primus inter pares con sus Ministros en las reuniones del Consejo, homologable al de otros sistemas de gobierno, como el holandés o el belga.
Dicho Gobierno se hallaría exento de Vicepresidencia alguna, para así no revestir a la misma de una pátina partidista que pudiera disuadir a los restantes socios en el seno del Ejecutivo. En cuanto a los Ministros, se atendería a una relación de proporcionalidad en base a los resultados del domingo, permaneciendo integrados en el Consejo las cinco fuerzas estatales citadas anteriormente. Los Departamentos ministeriales se repartirían de un modo equitativo, y conforme a los deseos, consensuados, de cada actor político partidista representado: así, las áreas de la política social podrían recaer en manos del polo centro-izquierdista (PSOE, Podemos, UP); y las de índole económica (o Interior, Defensa, o cualesquiera otros), del centro-derechista (PP, Ciudadanos).
Ningún cabeza de cartel electoral de los cinco partidos comprendidos en dicha terna podría ejercer como Ministro. Esto es, ni Rajoy (quien, obviamente, se opondría a ello), ni Sánchez, ni Iglesias, ni Rivera, ni tampoco Garzón se hallarían considerados. Tampoco sus segundos espadas, sino diputados rasos, escasamente conocidos por el gran público (y sin antecedentes) y con competencia suficiente en la materia para tal desempeño. Así, el nuevo Gobierno se hallaría exonerado de una excesiva vinculación partidista y, por consiguiente, podría presumir de un cierto marchamo de neutralidad, al margen de los partidos en el Congreso, para implementar, con mayor acierto, su acción de gobierno a lo largo de la legislatura. Mientras tanto, los grupos de la Cámara ejercerían una labor exhaustiva de fiscalización de sus actuaciones, permitiendo que su entrada en el gabinete (a través de los ministerios de turno) sirviera para la mejora de los indicadores de gestión y, simultáneamente, no desgastarse ante unos retos del presente de tan colosal envergadura como para hacer frente a ellos sin el aval y el respaldo (o la fragilidad de éstos) en solitario, en un contexto de sumas aritméticas incierto e inestable.
De esta manera, España podría salir adelante y huir del asidero en que permanece sumida en los últimos años, por errores imputables al ejercicio de la responsabilidad política de muchos actores y por la asunción de la carencia de reflejos de una ciudadanía que, hasta apenas unos años, ha optado por eludir, en la mayoría de los casos, la misión esencial en toda democracia avanzada, la cual obedece a controlar a sus servidores públicos para no prevalerse de lo ajeno, en perjuicio de los intereses de la mayoría, y poner coto a los abusos de poder, tan en boga en nuestro tiempo a lo largo y ancho de nuestro país. Además, a todo esto se le ha añadido el cuestionamiento de la configuración territorial del Estado español por parte de las regiones históricas (Catalunya, posiblemente exportable al País Vasco en el futuro) y, sabedores de que un gobierno monocolor como el conocido hasta el momento, o de un signo político determinado (fundamentalmente conservador, con una hipotética suma PP-C's) no sabría encarar con mesura y altura de miras (por una cuestión estrictamente electoral, o de compromiso con un preciso tipo de elector, más sensible a estas cuestiones, ante la consiguiente caída en popularidad en los sondeos de intención de voto, al asumirse este apartado espinoso sin el concurso de otras fuerzas), el Ejecutivo que yo he planteado sí podría atreverse a dicho órdago, aprovechando la ya citada circunstancia de la carencia de bloques de acuerdo para la gobernabilidad en términos ideológicos, en tanto en cuanto este Gobierno recogería en su seno sensibilidades distintas, en relación con el vínculo jurídico y constitucional a tejer entre los distintos territorios del Estado español, más permeables a la plurinacionalidad tan reivindicada en muchos sectores de la población catalana y vasca, o al reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos de España atribuible a todas las CCAA (de una forma similar a lo imperante en los Estados Unidos, en la relación jurídica existente entre la Administración Federal y los Estados de la Federación), máxime cuando en Catalunya y el País Vasco los buenos resultados de Podemos y sus confluencias han sido, producto, en gran medida, de la promesa de introducir en el debate político dichas aspiraciones que, de frustrarse, podrían acarrear un clima de airada tensión y desconexión, tocante en el divorcio, entre Madrid y la periferia, poniendo en tela de juicio la continuidad de la unidad, en la diversidad, de nuestro país en su conjunto.
Cada grupo político de los cinco en ese hipotético Gobierno pondría encima de la mesa las líneas rojas infranqueables para la aceptación de dicho acuerdo de mínimos: así, la reforma de nuestro sistema electoral pondría en visos de entendimiento a Podemos, Ciudadanos y a Unidad Popular; con la reforma (o disolución) del Senado, otro tanto de lo mismo; con los aforamientos, con la figura tan cuestionada del indulto; con la independencia del poder judicial; con la desgubernamentalización de RTVE, convirtiéndola en un foro para la expresión y difusión ponderada, equitativa, equilibrada y justa de la sociedad española, la forma de elección de los magistrados del TC y del CGPJ, la reforma del artículo 135 CE, el blindaje de competencias entre niveles de gobierno, el reconocimiento, ya consabidamente declarado, del derecho a la autodeterminación de los pueblos de España (en ese punto, Podemos desempeñaría un papel vital), la inclusión de la revocación del mandato de un Gobierno a mitad de mandato, al constatarse el incumplimiento flagrante del contrato suscrito con la ciudadanía tras las elecciones (un pasaje trascendente en el programa electoral de Podemos, igualmente) y, en última instancia, la propia reforma de la Constitución, a fin de adecuarla al siglo XXI. Un referéndum consultivo de aprobación de dichos cambios por los electores españoles, y cita apresurada ante las urnas para que éstos determinen el futuro del país, retirándose este Gobierno excepcional cumpliendo sus atribuciones, y retomándose la competición interpartidista, tal y como la conocemos de ordinario.
En resumidas cuentas, con voluntad de diálogo y tendiendo puentes de entendimiento, podríamos alcanzar, partiendo de unos resultados poco prometedores a raíz de las últimas elecciones, un acuerdo de mínimos a resultas de velar por el bien común, impidiendo una reedición de unos comicios que no harían sino, aparte de granjear unos costes mayores sobre el contribuyente de carácter innecesario, reproducir una situación no muy disímil de la registrada. Aun perdiendo todos algo en el camino. Porque, como afirmaba Doménico Cieri Estrada, "es un arte saber ceder en lo trivial", en provecho de la mayoría.
Un cordial saludo a todos.
Ésa es, en mi opinión, la primera premisa que debería ser considerada. La segunda, tras una lectura detallada de los resultados, estribaría en emitir una ojeada a los resultados que se han gestado en la periferia de nuestro país, concretamente en Catalunya y el País Vasco. En ambas Comunidades Autónomas históricas, se ha impuesto, como primera opción, Podemos (o sus derivaciones confluyentes). La impresión que se transmite de esa consecuencia se resume en que, una parte netamente importante del electorado vasco y catalán se habría sentido atraída por la promesa, contenida en el programa electoral de los de Pablo Iglesias, de someter a referéndum (en el caso catalán) el afán de autodeterminación de su propio encaje constitucional en el conjunto del Estado español, mediante consulta pactada y consensuada con el Gobierno de España, en un marco de legalidad y seguridad jurídica. Y algo similar podría deducirse del supuesto vasco, pues se ha asistido a un trasvase de voto cuantitativamente reseñable entre EH-Bildu y Podemos a favor de éste último.
Por tanto, la inviabilidad de un acuerdo de gobernabilidad enmarcado en el tradicional continuum izquierda-derecha, la profunda crisis sistémica en múltiples frentes de un sistema político-institucional como el español en evidente estado de descomposición y deslegitimación por un conjunto apreciable de la opinión pública (corrupción endémica, desconexión entre representantes y representados, obstáculos a la independencia efectiva del Poder judicial, incremento galopante de las desigualdades, carencia de una política fundada en el reconocimiento de nuestra historia pasada, como en el supuesto relativo a la puesta en práctica de un Plan que, aunado a la Ley de Memoria Histórica, restituya la dignidad y el honor de los represaliados del bando vencedor en la Guerra Civil y en la posterior dictadura, cerrando unas heridas que prosiguen abiertas entre muchos compatriotas, percepción ampliamente extendida acerca de la inutilidad del Senado como cámara de representación territorial, figuras jurídicas tan cuestionables como las del aforamiento de diputados y senadores o el indulto discrecional en manos del Gobierno, el propio sistema electoral, entre muchas otras cuentas pendientes) harían necesario que, como preámbulo a un nuevo ciclo de nuestra vida política, se eliminaran las pulsiones cainitas tan presentes en el devenir histórico de nuestro país, entre proyectos políticos aparentemente excluyentes (algo, por otra parte, connatural en toda democracia, en la que compiten ofertas electorales de variado espectro en la lucha lícita, bajo una serie de reglas del juego, por el poder, decidiendo la ciudadanía en pleno uso de su derecho al voto) y convergieran, al menos, por una vez, a fin de conducir a buen puerto las reformas institucionales, de conducta pública ejemplar, de lucha contra la corrupción y las malas prácticas en la res publica, encaminadas a que, en una legislatura tan singular como la que propongo, la situación por la que atraviesa el pueblo español mejore exponencialmente, y la confianza del mismo en quienes deberían, por bandera, velar por el interés general se restituyera plenamente, encarando una nueva etapa de nuestro sino como comunidad con mayores visos de autoconfianza y esperanza depositada en nuestro porvenir colectivo.
Para ello, yo propondría el siguiente modelo, el cual se circunscribiría, únicamente a esta legislatura a punto de arrancar:
Nuestra Constitución declara que el Rey entablará contactos con los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria en las nuevas Cortes, a fin de determinar la designación del candidato destinado a hacerse valedor del respaldo de la mayoría de la Cámara en la sesión de investidura, como Presidente del Gobierno. Por tanto, se estimaría deseable que, previamente a tal eventualidad, las cinco formaciones de ámbito estatal que, según estas elecciones, preservan un respaldo ciudadano significativo -PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Unidad Popular (con apenas dos escaños, pero con casi un millón de sufragios a los que no deberíamos desdeñar en consideración e importancia relativa- se pusieran de acuerdo en la elección de un perfil que se adecuara a las siguientes características: una persona de en torno a unos 40-42 años, de prestigio, desprovisto de pasado y sin vinculación política aparente, capaz de armonizar con los nuevos tiempos, sin generar rechazo por parte de los proponentes. Puesto que nuestra Ley fundamental contempla la apuesta por un Presidente no necesariamente diputado, se cumpliría dicho requisito. El rol a desplegar por el mismo en dicho mandato consistiría en moderar y arbitrar las riendas del Ejecutivo, garantizando la cohesión y la consiguiente unidad de criterio en el Consejo de Ministros, estableciendo un rango de primus inter pares con sus Ministros en las reuniones del Consejo, homologable al de otros sistemas de gobierno, como el holandés o el belga.
Dicho Gobierno se hallaría exento de Vicepresidencia alguna, para así no revestir a la misma de una pátina partidista que pudiera disuadir a los restantes socios en el seno del Ejecutivo. En cuanto a los Ministros, se atendería a una relación de proporcionalidad en base a los resultados del domingo, permaneciendo integrados en el Consejo las cinco fuerzas estatales citadas anteriormente. Los Departamentos ministeriales se repartirían de un modo equitativo, y conforme a los deseos, consensuados, de cada actor político partidista representado: así, las áreas de la política social podrían recaer en manos del polo centro-izquierdista (PSOE, Podemos, UP); y las de índole económica (o Interior, Defensa, o cualesquiera otros), del centro-derechista (PP, Ciudadanos).
Ningún cabeza de cartel electoral de los cinco partidos comprendidos en dicha terna podría ejercer como Ministro. Esto es, ni Rajoy (quien, obviamente, se opondría a ello), ni Sánchez, ni Iglesias, ni Rivera, ni tampoco Garzón se hallarían considerados. Tampoco sus segundos espadas, sino diputados rasos, escasamente conocidos por el gran público (y sin antecedentes) y con competencia suficiente en la materia para tal desempeño. Así, el nuevo Gobierno se hallaría exonerado de una excesiva vinculación partidista y, por consiguiente, podría presumir de un cierto marchamo de neutralidad, al margen de los partidos en el Congreso, para implementar, con mayor acierto, su acción de gobierno a lo largo de la legislatura. Mientras tanto, los grupos de la Cámara ejercerían una labor exhaustiva de fiscalización de sus actuaciones, permitiendo que su entrada en el gabinete (a través de los ministerios de turno) sirviera para la mejora de los indicadores de gestión y, simultáneamente, no desgastarse ante unos retos del presente de tan colosal envergadura como para hacer frente a ellos sin el aval y el respaldo (o la fragilidad de éstos) en solitario, en un contexto de sumas aritméticas incierto e inestable.
De esta manera, España podría salir adelante y huir del asidero en que permanece sumida en los últimos años, por errores imputables al ejercicio de la responsabilidad política de muchos actores y por la asunción de la carencia de reflejos de una ciudadanía que, hasta apenas unos años, ha optado por eludir, en la mayoría de los casos, la misión esencial en toda democracia avanzada, la cual obedece a controlar a sus servidores públicos para no prevalerse de lo ajeno, en perjuicio de los intereses de la mayoría, y poner coto a los abusos de poder, tan en boga en nuestro tiempo a lo largo y ancho de nuestro país. Además, a todo esto se le ha añadido el cuestionamiento de la configuración territorial del Estado español por parte de las regiones históricas (Catalunya, posiblemente exportable al País Vasco en el futuro) y, sabedores de que un gobierno monocolor como el conocido hasta el momento, o de un signo político determinado (fundamentalmente conservador, con una hipotética suma PP-C's) no sabría encarar con mesura y altura de miras (por una cuestión estrictamente electoral, o de compromiso con un preciso tipo de elector, más sensible a estas cuestiones, ante la consiguiente caída en popularidad en los sondeos de intención de voto, al asumirse este apartado espinoso sin el concurso de otras fuerzas), el Ejecutivo que yo he planteado sí podría atreverse a dicho órdago, aprovechando la ya citada circunstancia de la carencia de bloques de acuerdo para la gobernabilidad en términos ideológicos, en tanto en cuanto este Gobierno recogería en su seno sensibilidades distintas, en relación con el vínculo jurídico y constitucional a tejer entre los distintos territorios del Estado español, más permeables a la plurinacionalidad tan reivindicada en muchos sectores de la población catalana y vasca, o al reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos de España atribuible a todas las CCAA (de una forma similar a lo imperante en los Estados Unidos, en la relación jurídica existente entre la Administración Federal y los Estados de la Federación), máxime cuando en Catalunya y el País Vasco los buenos resultados de Podemos y sus confluencias han sido, producto, en gran medida, de la promesa de introducir en el debate político dichas aspiraciones que, de frustrarse, podrían acarrear un clima de airada tensión y desconexión, tocante en el divorcio, entre Madrid y la periferia, poniendo en tela de juicio la continuidad de la unidad, en la diversidad, de nuestro país en su conjunto.
Cada grupo político de los cinco en ese hipotético Gobierno pondría encima de la mesa las líneas rojas infranqueables para la aceptación de dicho acuerdo de mínimos: así, la reforma de nuestro sistema electoral pondría en visos de entendimiento a Podemos, Ciudadanos y a Unidad Popular; con la reforma (o disolución) del Senado, otro tanto de lo mismo; con los aforamientos, con la figura tan cuestionada del indulto; con la independencia del poder judicial; con la desgubernamentalización de RTVE, convirtiéndola en un foro para la expresión y difusión ponderada, equitativa, equilibrada y justa de la sociedad española, la forma de elección de los magistrados del TC y del CGPJ, la reforma del artículo 135 CE, el blindaje de competencias entre niveles de gobierno, el reconocimiento, ya consabidamente declarado, del derecho a la autodeterminación de los pueblos de España (en ese punto, Podemos desempeñaría un papel vital), la inclusión de la revocación del mandato de un Gobierno a mitad de mandato, al constatarse el incumplimiento flagrante del contrato suscrito con la ciudadanía tras las elecciones (un pasaje trascendente en el programa electoral de Podemos, igualmente) y, en última instancia, la propia reforma de la Constitución, a fin de adecuarla al siglo XXI. Un referéndum consultivo de aprobación de dichos cambios por los electores españoles, y cita apresurada ante las urnas para que éstos determinen el futuro del país, retirándose este Gobierno excepcional cumpliendo sus atribuciones, y retomándose la competición interpartidista, tal y como la conocemos de ordinario.
En resumidas cuentas, con voluntad de diálogo y tendiendo puentes de entendimiento, podríamos alcanzar, partiendo de unos resultados poco prometedores a raíz de las últimas elecciones, un acuerdo de mínimos a resultas de velar por el bien común, impidiendo una reedición de unos comicios que no harían sino, aparte de granjear unos costes mayores sobre el contribuyente de carácter innecesario, reproducir una situación no muy disímil de la registrada. Aun perdiendo todos algo en el camino. Porque, como afirmaba Doménico Cieri Estrada, "es un arte saber ceder en lo trivial", en provecho de la mayoría.
Un cordial saludo a todos.
