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Una asignatura como cualquiera otra...
No se puede objetar a Educación para la Ciudadanía*. Como tampoco podrían los creacionistas a la teoría de la evolución en Ciencias Naturales o Conocimiento del Medio ni los negacionistas del Holocausto en Historia. El Supremo ha hecho pública la esperada sentencia que pone por fin orden al caos jurídico que ha reinado en los últimos 17 meses, con el goteo de sentencias contradictorias procedentes de distintos tribunales superiores de justicia autonómicos. La última, del País Vasco, salió ayer mismo. El Supremo rechaza los recursos presentados por padres objetores de cursar esta materia. Ni ve probado que con ella se vaya a "adoctrinar" a los niños, lo que lesionaría los derechos de los padres a que se respeten sus convicciones, ni que la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, que es la que establece esta materia como obligatoria, incurra en ninguna ilegalidad. Ahora, los estudiantes objetores tendrán que volver a las aulas de Ciudadanía y recuperar las clases perdidas.
Pero la batalla jurídica no acaba con esta sentencia porque el problema de fondo realmente no era de esta índole. Es político. Los objetores ya han anunciado que recurrirán al Constitucional. Los populares han encontrado en este conflicto, creado inicialmente por los obispos y asociaciones con ideas afines a ellos (como el Foro de la Familia y la confederación de padres Concapa), un buen tema con el que crear conflicto en el ámbito educativo. Relacionado además con uno de los aspectos más sensibles de la educación: la transmisión de valores. No es casualidad que esta trifulca surja además en un momento en el que la Iglesia católica española ve reducidas las vocaciones, así como puestos en cuestión algunos de sus dogmas más arraigados ante determinadas iniciativas políticas del Gobierno socialista, como la aprobación por ley del matrimonio homosexual y la revisión de los supuestos sobre el aborto. El hecho de que la inmensa mayoría de los contenidos de Ciudadanía lleven décadas incorporados a la asignatura también obligatoria desde 1990 de Ética reafirma el argumento de que no se trata de una revuelta casual.
"Es una asignatura como otra cualquiera", se ha apresurado a reaccionar ante la sentencia la ministra de Educación, Mercedes Cabrera. "Y obligatoria". Ahora está claro. Porque los valores de convivencia, de ciudadanía, constitucionales, europeos, globales... deben transmitirse. Hasta ahora esto se hacía sólo "de forma transversal", según decía la legislación anterior a la LOE. Los profesores siguen haciendo el pino en clase para incluir la educación en esos valores (para la paz, para la igualdad de sexos, de respeto al medio ambiente...) en sus asignaturas, una tarea complicada cuando apenas tienen horas para dar los contenidos. La ley educativa sólo dice que se debe enseñar los que señalan las leyes españolas y la Constitución. Y si el matrimonio homosexual, la base principal de esta controversia, está regulado por ley, no se puede defender a estas alturas que se oculte a los chavales. Otra cosa es que se les explique que hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con que se denomine igual que el que tiene lugar entre personas de diferente sexo. Y por qué piensan así. Educar, en efecto, sin adoctrinar. Informando con rigor para que cada cual tenga la libertad de formarse su propia opinión.
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* La asignatura cumple con una recomendación del Consejo de Europa en el año 2002,2 donde se afirma que la educación para la ciudadanía democrática es esencial para la misión principal del Consejo, como es promover una sociedad libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho, que constituyen los fundamentos de la democracia. Para ello recomienda a los Gobiernos de los Estados miembros que hagan de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de las políticas y reformas educativas.
No se puede objetar a Educación para la Ciudadanía*. Como tampoco podrían los creacionistas a la teoría de la evolución en Ciencias Naturales o Conocimiento del Medio ni los negacionistas del Holocausto en Historia. El Supremo ha hecho pública la esperada sentencia que pone por fin orden al caos jurídico que ha reinado en los últimos 17 meses, con el goteo de sentencias contradictorias procedentes de distintos tribunales superiores de justicia autonómicos. La última, del País Vasco, salió ayer mismo. El Supremo rechaza los recursos presentados por padres objetores de cursar esta materia. Ni ve probado que con ella se vaya a "adoctrinar" a los niños, lo que lesionaría los derechos de los padres a que se respeten sus convicciones, ni que la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, que es la que establece esta materia como obligatoria, incurra en ninguna ilegalidad. Ahora, los estudiantes objetores tendrán que volver a las aulas de Ciudadanía y recuperar las clases perdidas.
Pero la batalla jurídica no acaba con esta sentencia porque el problema de fondo realmente no era de esta índole. Es político. Los objetores ya han anunciado que recurrirán al Constitucional. Los populares han encontrado en este conflicto, creado inicialmente por los obispos y asociaciones con ideas afines a ellos (como el Foro de la Familia y la confederación de padres Concapa), un buen tema con el que crear conflicto en el ámbito educativo. Relacionado además con uno de los aspectos más sensibles de la educación: la transmisión de valores. No es casualidad que esta trifulca surja además en un momento en el que la Iglesia católica española ve reducidas las vocaciones, así como puestos en cuestión algunos de sus dogmas más arraigados ante determinadas iniciativas políticas del Gobierno socialista, como la aprobación por ley del matrimonio homosexual y la revisión de los supuestos sobre el aborto. El hecho de que la inmensa mayoría de los contenidos de Ciudadanía lleven décadas incorporados a la asignatura también obligatoria desde 1990 de Ética reafirma el argumento de que no se trata de una revuelta casual.
"Es una asignatura como otra cualquiera", se ha apresurado a reaccionar ante la sentencia la ministra de Educación, Mercedes Cabrera. "Y obligatoria". Ahora está claro. Porque los valores de convivencia, de ciudadanía, constitucionales, europeos, globales... deben transmitirse. Hasta ahora esto se hacía sólo "de forma transversal", según decía la legislación anterior a la LOE. Los profesores siguen haciendo el pino en clase para incluir la educación en esos valores (para la paz, para la igualdad de sexos, de respeto al medio ambiente...) en sus asignaturas, una tarea complicada cuando apenas tienen horas para dar los contenidos. La ley educativa sólo dice que se debe enseñar los que señalan las leyes españolas y la Constitución. Y si el matrimonio homosexual, la base principal de esta controversia, está regulado por ley, no se puede defender a estas alturas que se oculte a los chavales. Otra cosa es que se les explique que hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con que se denomine igual que el que tiene lugar entre personas de diferente sexo. Y por qué piensan así. Educar, en efecto, sin adoctrinar. Informando con rigor para que cada cual tenga la libertad de formarse su propia opinión.
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* La asignatura cumple con una recomendación del Consejo de Europa en el año 2002,2 donde se afirma que la educación para la ciudadanía democrática es esencial para la misión principal del Consejo, como es promover una sociedad libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho, que constituyen los fundamentos de la democracia. Para ello recomienda a los Gobiernos de los Estados miembros que hagan de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de las políticas y reformas educativas.
