Una juez de Dénia paraliza una boda gay al plantear su inconstitucionalidad
La magistrada inició los trámites al solicitar casarse una pareja de lesbianas El Ministerio Público ya ha informado sobre su posición a favor de la unión
I. GENOVÉS / R. V./ALICANTE
La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Dénia, así como responsable del Registro Civil de la localidad alicantina, ha paralizado el matrimonio entre dos lesbianas al anunciar que presentará una cuestión de inconstitucionalidad de la nueva ley de matrimonios gays. Aunque los trámites ya se han iniciado, la togada valorará antes los informes del fiscal y la pareja afectada antes de decidir si finalmente eleva sus dudas ante el Alto Tribunal.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), la magistrada, Laura Alabau Martí, «ha iniciado los trámites» para presentar una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley 13/2005 del 1 de julio, por la que se modifica el artículo 44 del Código Civil y se permite el matrimonio homosexual.
Para la magistrada, el cambio en el Código Civil, según el cual «el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo», podría vulnerar el artículo 32 de la Constitución. De acuerdo con la Carta Magna, «el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica».
Según el TSJ, la juez deberá esperar 10 días para que las partes presenten sus informes. Una vez concluido el preceptivo requisito de audiencia, la magistrada tendrá en cuenta las alegaciones del fiscal y de la pareja afectada antes de resolver si plantea o no la cuestión de inconstitucionalidad. Por el momento, el fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, ya anunció ayer que el Ministerio Público se ha mostrado favorable a la unión de las dos mujeres.
El conflicto comenzó la semana pasada, cuando la responsable del Registro Civil recibió la solicitud de dos vecinas de Dénia de 37 y 38 años para poder casarse. Sin embargo, el proceso matrimonial quedó paralizado al plantear la juez alicantina la posible cuestión de inconstitucionalidad. (y tener que dar con esa taruga...
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Según fuentes judiciales, de presentarse la cuestión de inconstitucionalidad, el expediente matrimonial de la pareja quedaría paralizado en el Registro Civil de Dénia hasta que el Tribunal Constitucional resolviera, lo que podría tardar más de un año. Sin embargo, las dos mujeres podrían acudir a otro partido judicial para darse el sí quiero.
La propia juez indicó ayer que esperará a los informes de las dos partes antes de decidir si presenta su escrito ante el Constitucional. «Yo no me he negado a nada, lo que he hecho simplemente es iniciar el trámite de audiencia de ambas partes», indicó la magistrada al ser preguntada si se oponía al matrimonio entre homosexuales.
Derecho a la intimidad
La noticia del proceso iniciado por la magistrada corrió ayer como la pólvora entre los vecinos de Dénia. Y es que, la petición de matrimonio de las dos residentes en el municipio es la primera solicitud que se presenta en el Registro Civil de la capital de la Marina.
No obstante, fuentes próximas al caso indicaron que hay otra petición interpuesta por una pareja del mismo sexo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres del municipio.
Por su parte, la pareja declinó hacer ningún tipo de declaración. Una de las afectadas únicamente exigió que se respetara su «derecho a la intimidad» y aclaró: «Esta historia no la he provocado yo».
Desde el TSJ consideraron que en un plazo de «escasos días» habrá una solución judicial definitiva y se sabrá si la pareja puede contraer el deseado matrimonio o si el asunto llega a manos del Constitucional.
http://servicios.laverdad.es/alican...Provincia_Alicante/200507/20/ALI-CUL-252.html
La magistrada inició los trámites al solicitar casarse una pareja de lesbianas El Ministerio Público ya ha informado sobre su posición a favor de la unión
I. GENOVÉS / R. V./ALICANTE
La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Dénia, así como responsable del Registro Civil de la localidad alicantina, ha paralizado el matrimonio entre dos lesbianas al anunciar que presentará una cuestión de inconstitucionalidad de la nueva ley de matrimonios gays. Aunque los trámites ya se han iniciado, la togada valorará antes los informes del fiscal y la pareja afectada antes de decidir si finalmente eleva sus dudas ante el Alto Tribunal.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), la magistrada, Laura Alabau Martí, «ha iniciado los trámites» para presentar una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley 13/2005 del 1 de julio, por la que se modifica el artículo 44 del Código Civil y se permite el matrimonio homosexual.
Para la magistrada, el cambio en el Código Civil, según el cual «el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo», podría vulnerar el artículo 32 de la Constitución. De acuerdo con la Carta Magna, «el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica».
Según el TSJ, la juez deberá esperar 10 días para que las partes presenten sus informes. Una vez concluido el preceptivo requisito de audiencia, la magistrada tendrá en cuenta las alegaciones del fiscal y de la pareja afectada antes de resolver si plantea o no la cuestión de inconstitucionalidad. Por el momento, el fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, ya anunció ayer que el Ministerio Público se ha mostrado favorable a la unión de las dos mujeres.
El conflicto comenzó la semana pasada, cuando la responsable del Registro Civil recibió la solicitud de dos vecinas de Dénia de 37 y 38 años para poder casarse. Sin embargo, el proceso matrimonial quedó paralizado al plantear la juez alicantina la posible cuestión de inconstitucionalidad. (y tener que dar con esa taruga...
Según fuentes judiciales, de presentarse la cuestión de inconstitucionalidad, el expediente matrimonial de la pareja quedaría paralizado en el Registro Civil de Dénia hasta que el Tribunal Constitucional resolviera, lo que podría tardar más de un año. Sin embargo, las dos mujeres podrían acudir a otro partido judicial para darse el sí quiero.
La propia juez indicó ayer que esperará a los informes de las dos partes antes de decidir si presenta su escrito ante el Constitucional. «Yo no me he negado a nada, lo que he hecho simplemente es iniciar el trámite de audiencia de ambas partes», indicó la magistrada al ser preguntada si se oponía al matrimonio entre homosexuales.
Derecho a la intimidad
La noticia del proceso iniciado por la magistrada corrió ayer como la pólvora entre los vecinos de Dénia. Y es que, la petición de matrimonio de las dos residentes en el municipio es la primera solicitud que se presenta en el Registro Civil de la capital de la Marina.
No obstante, fuentes próximas al caso indicaron que hay otra petición interpuesta por una pareja del mismo sexo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres del municipio.
Por su parte, la pareja declinó hacer ningún tipo de declaración. Una de las afectadas únicamente exigió que se respetara su «derecho a la intimidad» y aclaró: «Esta historia no la he provocado yo».
Desde el TSJ consideraron que en un plazo de «escasos días» habrá una solución judicial definitiva y se sabrá si la pareja puede contraer el deseado matrimonio o si el asunto llega a manos del Constitucional.
http://servicios.laverdad.es/alican...Provincia_Alicante/200507/20/ALI-CUL-252.html
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ALICANTE / Los juristas dudan sobre si la juez de Dénia puede llevar al Constitucional las bodas gays
La judicatura señala que tiene competencias al creer que se vulnera la Carta Magna Expertos en derecho afirman que puede ser una vulneración de los derechos fundamentales La pareja incurriría en fraude de ley si se casara en otro municipio antes de que el Alto Tribunal resolviera
IRENE GENOVÉS/ALICANTE
Un auténtico torbellino político y judicial. El anuncio de la juez de Dénia, Laura Alabau, de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de matrimonios gays ha abierto la polémica entre los expertos. Mientras el Consejo General del Poder Judicial afirmaba que la magistrada del registro se mueve dentro de sus competencias a la hora de consultar al Alto Tribunal, varios expertos en Derecho señalaron ayer a este diario que las cuestiones de inconstitucionalidad tan sólo se pueden plantear en procesos judiciales y no por actos administrativos.
La magistrada decidía plantear la cuestión de inconstitucionalidad la semana pasada, cuando dos mujeres de 37 y 38 años acudieron al registro Civil para iniciar un expediente matrimonial. La magistrada decidió paralizar los papeles al considerar que la reforma del artículo 44 del Código Civil podía entrar en conflicto con el artículo 32 de la Constitución, según el cual »el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica».
El expediente quedó paralizado y la juez solicitó sendos informes sobre la cuestión de inconstitucionalidad al fiscal y a la pareja afectada. El Ministerio Público ya ha comunicado que está a favor de la unión, mientras que la magistrada recibirá a las afectadas en los próximos días. Al final de esta semana o a principios de la otra tendrá que decidir, a la vista de las alegaciones presentadas por las partes, si eleva su escrito al Tribunal Constitucional.
El juez del Registro Civil de Alicante, Luis Segovia, señaló ayer que la magistrada Laura Alabau puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad aunque «se trate de una jurisdicción del Registro Civil».
A pesar de todo, como miembro de la asociación Jueces para la Democracia, Luis Segovia señaló que el asunto ya se había planteado en una reunión en Granada y se había llegado a la conclusión de que el cambio normativo no vulnera la Constitución.
«El artículo 32 tan sólo dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica», señaló Segovia. Aunque, en un principio, la Carta Magna se redactó pensando en cónyuges heterosexuales, «la regulación de la circunstancia corresponde al legislador», por lo que la ley recientemente aprobada no iría contra el texto fundamental. Además, «que la Constitución reconozca un derecho no quiere decir que se tengan que negar otros».
Desde la Universidad de Alicante, el catedrático en Derecho Constitucional José Asensi señaló que el Código Civil repite textualmente lo que dice la Constitución y que el único cambio es que añade un párrafo «para abrir el matrimonio a los homosexuales».
Para José Asensi, en el caso de Dénia no sólo «no se dan las condiciones para plantear una cuestión de inconstitucionalidad» sino que, además, la juez podría estar incurriendo en una «vulneración de los derechos fundamentales» al plantear una cuestión de inconstitucionalidad «sin base para ello».
El catedrático considera que la autorización de un matrimonio es un acto administrativo y no un procedimiento jurisdiccional, por lo que no cabe plantear la cuestión de inconstitucionalidad.
Asensi explica que, según el artículo 163 de la Constitución, «los órganos judiciales» podrán plantear una cuestión de inconstitucionalidad cuando «considere en algún proceso que una norma con rango de Ley aplicable al caso puede ir contra la Constitución».
Por su parte el juez Luis Segovia explicó que, en caso de que la magistrada decidiera llegar hasta el final, la pareja afectada no podría casarse en ningún partido judicial hasta que el Tribunal Constitucional decida dentro de unos meses, ya que «podría considerarse un fraude de ley». de hecho, el juez competente para elaborar el expediente matrimonial «es el del partido judicial en donde se encuentra el domicilio de los contrayentes».
Respaldo católico
El mayor apoyo a la magistrada fue el de la Asociación Valenciana de Juristas Católicos. Su vicepresidente, Guzmán Guía, consideró inconstitucional la reforma legal. «El artículo 32 de la Constitución habla del matrimonio entre el hombre y la mujer», indicó.
http://servicios.laverdad.es/alican...Provincia_Alicante/200507/21/ALI-CUL-249.html
La judicatura señala que tiene competencias al creer que se vulnera la Carta Magna Expertos en derecho afirman que puede ser una vulneración de los derechos fundamentales La pareja incurriría en fraude de ley si se casara en otro municipio antes de que el Alto Tribunal resolviera
IRENE GENOVÉS/ALICANTE
Un auténtico torbellino político y judicial. El anuncio de la juez de Dénia, Laura Alabau, de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de matrimonios gays ha abierto la polémica entre los expertos. Mientras el Consejo General del Poder Judicial afirmaba que la magistrada del registro se mueve dentro de sus competencias a la hora de consultar al Alto Tribunal, varios expertos en Derecho señalaron ayer a este diario que las cuestiones de inconstitucionalidad tan sólo se pueden plantear en procesos judiciales y no por actos administrativos.
La magistrada decidía plantear la cuestión de inconstitucionalidad la semana pasada, cuando dos mujeres de 37 y 38 años acudieron al registro Civil para iniciar un expediente matrimonial. La magistrada decidió paralizar los papeles al considerar que la reforma del artículo 44 del Código Civil podía entrar en conflicto con el artículo 32 de la Constitución, según el cual »el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica».
El expediente quedó paralizado y la juez solicitó sendos informes sobre la cuestión de inconstitucionalidad al fiscal y a la pareja afectada. El Ministerio Público ya ha comunicado que está a favor de la unión, mientras que la magistrada recibirá a las afectadas en los próximos días. Al final de esta semana o a principios de la otra tendrá que decidir, a la vista de las alegaciones presentadas por las partes, si eleva su escrito al Tribunal Constitucional.
El juez del Registro Civil de Alicante, Luis Segovia, señaló ayer que la magistrada Laura Alabau puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad aunque «se trate de una jurisdicción del Registro Civil».
A pesar de todo, como miembro de la asociación Jueces para la Democracia, Luis Segovia señaló que el asunto ya se había planteado en una reunión en Granada y se había llegado a la conclusión de que el cambio normativo no vulnera la Constitución.
«El artículo 32 tan sólo dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica», señaló Segovia. Aunque, en un principio, la Carta Magna se redactó pensando en cónyuges heterosexuales, «la regulación de la circunstancia corresponde al legislador», por lo que la ley recientemente aprobada no iría contra el texto fundamental. Además, «que la Constitución reconozca un derecho no quiere decir que se tengan que negar otros».
Desde la Universidad de Alicante, el catedrático en Derecho Constitucional José Asensi señaló que el Código Civil repite textualmente lo que dice la Constitución y que el único cambio es que añade un párrafo «para abrir el matrimonio a los homosexuales».
Para José Asensi, en el caso de Dénia no sólo «no se dan las condiciones para plantear una cuestión de inconstitucionalidad» sino que, además, la juez podría estar incurriendo en una «vulneración de los derechos fundamentales» al plantear una cuestión de inconstitucionalidad «sin base para ello».
El catedrático considera que la autorización de un matrimonio es un acto administrativo y no un procedimiento jurisdiccional, por lo que no cabe plantear la cuestión de inconstitucionalidad.
Asensi explica que, según el artículo 163 de la Constitución, «los órganos judiciales» podrán plantear una cuestión de inconstitucionalidad cuando «considere en algún proceso que una norma con rango de Ley aplicable al caso puede ir contra la Constitución».
Por su parte el juez Luis Segovia explicó que, en caso de que la magistrada decidiera llegar hasta el final, la pareja afectada no podría casarse en ningún partido judicial hasta que el Tribunal Constitucional decida dentro de unos meses, ya que «podría considerarse un fraude de ley». de hecho, el juez competente para elaborar el expediente matrimonial «es el del partido judicial en donde se encuentra el domicilio de los contrayentes».
Respaldo católico
El mayor apoyo a la magistrada fue el de la Asociación Valenciana de Juristas Católicos. Su vicepresidente, Guzmán Guía, consideró inconstitucional la reforma legal. «El artículo 32 de la Constitución habla del matrimonio entre el hombre y la mujer», indicó.
http://servicios.laverdad.es/alican...Provincia_Alicante/200507/21/ALI-CUL-249.html
