dowjones
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El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio
González (PP), sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. En realidad, más allá del deseo de poseer un servicio de información o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de neutralizar un temor: la creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban siendo espiados desde dentro de la institución para intentar campañas de desprestigio mediante dossiers. El propio González se sentía víctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen. Aún hoy siente la misma sensación, a tenor del contenido de su denuncia, donde alude a la cercanía de los cómplices que hicieron posible el espionaje sufrido durante su viaje a Cartagena de Indias en agosto de 2008 y en su viaje a Johanesburgo en marzo de 2008.
Ignacio González
A FONDO
Nacimiento: 1960 Lugar: (Madrid)
Ver cobertura completa
El servicio secreto incluía una dirección externa para comprar datos
"González y otros altos cargos estaban siendo objeto de vigilancia"
La Comunidad no puede crear órganos policiales de inteligencia
"Necesita un servicio de información para protegerlo"
Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de José María Aznar, trató con el vicepresidente madrileño la necesidad de crear el servicio secreto. Moro era amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro combatía la inmigración irregular desde su puesto de Delegado del Gobierno en Ceuta.
Moro veía claro el problema que tenía el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando contactó con su amigo: "González y otros altos cargos estaban siendo objeto de vigilancia", seguimientos que conducían a la elaboración de dossiers contra él. "Necesitaba un servicio de información para protegerlo".
Moro explica así sus gestiones. "Hablamos de la posibilidad de algún servicio con el amparo y legitimación que tienen los del País Vasco y Cataluña. Era un servicio para proteger informativamente a los altos cargos de la Comunidad autónoma".
Moro reveló a EL PAÍS que por aquella época, los altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban preocupados porque temían que estuvieran siendo espiados desde dentro.
Ignacio González recibió el borrador de servicio secreto y lo aparcó. "No lo vi conveniente y, además, era un tema competencia de [Francisco] Granados [consejero de Interior de la Comunidad de Madrid]", explicó a EL PAÍS. González enmarcó la propuesta de su amigo en un intento de anular o neutralizar los dossiers que se lanzaban contra él en aquellos tiempos. Ahora, al recordarlo, no le concede mayor trascendencia, si bien reconoce el hartazgo que sobre él pesaba de ser objeto de oscuras maniobras cuando surgió la iniciativa. Pero evita detallar qué o quién bloqueó tal proyecto dentro del Gobierno regional.
Cuando Moro y González hablaban de crear un CNI madrileño legal, por más que entrañara una dura batalla competencial conseguirlo, el consejero de Interior, Francisco Granados, estaba fichando al ex inspector de policía Marcos Peña, que asumió la dirección de un equipo de ex guardias civiles. Peña aseguró a este periódico que su grupo realizaba los informes que le pedía su jefe, Granados, que versaban sobre escándalos o corrupciones que afectaban fundamentalmente a municipios socialistas como Coslada, Ciempozuelos...
El propio Francisco Granados les atribuye unas funciones de contravigilancia, que Peña desmiente y que, según los expertos, la ley les impide ejecutar por carecer la Comunidad de Madrid de competencias para ello. Esta unidad, al igual que otra que dirige el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, con varios ex policías a sus órdenes, dependen del consejero Granados. No están bajo la estructura orgánica al mando del actual director de Seguridad que ni los tiene, ni los ha querido tener, bajo sus órdenes.
Su labor escapa así al común de los integrantes de la seguridad de la Consejería de Interior. Las labores definidas por Peña perfilan un auténtico servicio de información. Granados lo niega. En este contexto de creación de unidades "descontroladas" de la estructura ordinaria y jerárquica -sólo responden al consejero, según fuentes de su departamento-, se bloqueó y se vetó la creación de un servicio secreto legal y transparente al servicio de la Comunidad de Madrid, tal y como planteaba Moro. "Vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces", ofreció Moro a González. No fue atendido. "Y ahora esto que está lloviendo es tremendo", ironiza.
Moro conocía ya entonces la existencia de un servicio secreto clandestino al servicio de la Comunidad de Madrid. "Tenía alguna información de mis amigos, pero de amigos que no tienen que ver con la Comunidad autónoma. Empezaba a estar acreditado [la existencia de tal servicio secreto ilegal de la Comunidad] entre los medios de la seguridad. Naturalmente, legales. No la mierda que se ha montado ahí. Las noticias que circulaban era que algunos altos cargos, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid".
El plan de montar un servicio secreto fue redactado por Moro junto a ex agentes del servicio de inteligencia español, con los que conversó EL PAÍS. Aseguran que su proyecto quería servir para captar información y compartirla con los servicios de información legales. Y querían evitar fichar a ex guardias o ex policías. "Porque se convierten en espías al servicio de sus cuerpos de origen". El Proyecto SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos) respondía, según el borrador entregado a Ignacio González, a "una necesidad específica de seguridad e inteligencia emergente en el Estado de las Autonomías". En dos folios, Moro resumía las virtudes de la nueva Sociedad:
- Solución afinada y eficaz. "Es una solución más afinada y eficaz ante la necesidad señalada, creciente en el actual contexto sociopolítico (...) acorde con otras experiencias más flexibles y acertadas impuestas en países de nuestro entorno occidental (por ejemplo, las Unidades de Inteligencia de ámbito departamental existentes en Francia", explicaba el texto.
- Recursos externos debidamente filtrados. El servicio secreto autonómico podría utilizar "de forma eventual medios o recursos externos debidamente filtrados y controlados". De hecho, en el organigrama de SEDE contemplaba un departamento de relaciones externas dedicado a la "adquisición de información".
- Capitalizar las Brigadas de Policías Municipales.
Los impulsores de este CNI autonómico defendían la necesidad de un servicio de este tipo en la Comunidad de Madrid ante las amenazas terroristas y para "reorientar y capitalizar de forma adecuada las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid). Aguirre intentó crear su propia policía autonómica pero ante la imposibilidad legal de hacerlo, decidió subvencionar la contratación de policías municipales en los ayuntamientos madrileños y englobar a ese grupo de agentes bajo la denominación de BESCAM.
Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS aseguran que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para crear su propio servicio secreto: "El Estatuto de Autonomía de Madrid establece que las competencias de la Comunidad se circunscriben a la 'vigilancia y protección de sus edificios'. Ámbito que, como reitera a renglón seguido el Estatuto, se ejercerá 'respetando, en todo caso, los dispuesto en la Constitución Española'. En este marco competencial es obvio, y nada discutible, que la creación de un Centro de Inteligencia autonómico, que, por definición, exige todo un conjunto de actividades, eminentemente de carácter policial, para la recogida, almacenamiento, tratamiento y análisis de un amplio espectro de informaciones relevantes para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y la seguridad de las instituciones, no está amparado en el marco competencial que la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento reconocen a la Comunidad de Madrid".
Fuente: El país
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Mariano Rajoy ha ordenado una investigación interna al objeto de depurar, llegado el caso, responsabilidades políticas por el caso del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid. El PP hizo público ayer un comunicado después de que la dirección nacional entendiera que no era posible seguir manteniendo silencio sobre un asunto que, por lo pronto, afecta a tres dirigentes del partido, objeto de esas presuntas labores de espionaje, y pone en jaque tanto al Gobierno madrileño como a la dirección regional del partido, al tiempo que salpica a Génova.
El líder del PP ha encargado a su «número dos», María Dolores de Cospedal, que «recabe toda la información necesaria a fin de aclarar hasta sus últimos extremos lo ocurrido y adoptar, en su caso, las medidas pertinentes», según reza un texto en el que no se omiten referencias a posibles responsabilidades políticas.
La investigación abierta sería el paso previo a la intervención del Comité de Derechos y Garantías y, por tanto, a la apertura de un expediente, a la suspensión de militancia o a la expulsión, según admitieron distintas fuentes populares, que no dudan en hablar de la «ejemplaridad» de los pasos iniciados ayer por el líder del PP. Uno de los interlocutores de ABC no pudo ser más claro: «Hay que limpiar el buen nombre del PP y no nos vamos a cortar un pelo».
Cospedal habló ayer ya con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con el actual responsable del PP en el Exterior, Alfredo Prada, uno de los supuestamente espiados. También lo hará con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; con el consejero de Justicia e Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y con el vicealcalde, Manuel Cobo y, en definitiva, con todos los aludidos en la trama. Pero el PP tampoco esperará al producto de esta investigación en caso de que aparezcan evidencias incontestables, ya que actuaría de inmediato.
«Tocando de oído»
Sin embargo en Génova también admiten que «estamos tocando de oído», primero porque las informaciones tienen origen periodístico y, segundo, porque la presidenta de la Comunidad ha negado en sus conversaciones con Rajoy y con otros dirigentes de Génova con los que habló ayer a lo largo del día la veracidad de las mismas.
Así, el PP dice que, de confirmarse las informaciones en torno a la red de espionaje, «nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen». Pero esta última matización no pretende diluir responsabilidades porque, a continuación, la nota añade que «la práctica de escuchas o seguimientos ilegales repugnan al Partido Popular y a su presidente, como ha quedado acreditado en su larga trayectoria pública».
Esperanza Aguirre ha asegurado a Rajoy que todo es un «montaje» y amenaza con ir a los tribunales.
Los hechos publicados y categóricamente negados por esperanza Aguirre, darían lugar, de ser verdad, a responsabilidades en el ámbito de la Justicia «de la que instamos una actuación inmediata», exhorta Génova, pero «igualmente, se derivarían, en su caso, responsabilidades de carácter estrictamente político, que el PP exigiría con absoluta firmeza y determinación».
¿Cuál es el margen de maniobra de Rajoy? Ninguno en lo que afecta al Gobierno regional, pero sí en lo que respecta a la dirección madrileña del partido, puntualizan distintas fuentes consultadas. El presidente del PP, a decir de muchos de los que ayer hablaron con él, «está indignado y desconcertado» y hay voces en Génova que creen que Aguirre ya debería haber acudido a los tribunales.
Aguirre respalda
La presidenta regional, que ayer no acudió a la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad, sí se refirió por la tarde a esta posibilidad al avisar con llevar a los tribunales a aquellos que sigan acusando «sin pruebas al Gobierno regional» de estar detrás de la red; esta advertencia se la hizo extensiva a su compañero de partido, el alcalde de Madrid, Alberto ruiz-Gallardón. «El alcalde de Madrid o cualesquiera otra persona que dé por buena la información que publica «El País» tendrá que probarlo, que demostrarlo, que rectificar, y si no tendrán que vernos en los Tribunales». informa Efe.
Aguirre insistió en que «el que tenga pruebas que las ponga sobre la mesa, que ponga en conocimiento de los jueces y de la Fiscalía toda la documentación que pueda sostener o acreditar que aquí -en la Comunidad de Madrid- se ha montando algo parecido a un servicio de espionaje y si no se presentan estas pruebas, tendrán que vérselas con el Gobierno regional en los Tribunales».
Sin embargo, también dijo que si se demuestra que «alguna persona en la Comunidad ha participado en espionajes, seguimientos o lo que sea, desde luego, inmediatamente será, al nivel que tenga, expulsado», pero pone «la mano en el fuego» por todos sus consejeros y se considera la primera perjudicada por esta trama. Habrá ocasión además de escucharla en un acto público del partido el sábado durante la apertura del I Foro Abierto de Militantes del PP .
Para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el tema es «muy serio», exigió rigor y dijo lamentar que haya políticos, -en referencia al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons-, que intenten «hacer chistes malos». Según el jefe del Ejecutivo la dirección popular va de «asombro en asombro», pero dijo que «Génova sabe a dónde tiene que mirar para buscar responsabilidades», según informa Gabriel Sanz.
Fuente: ABC
González (PP), sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. En realidad, más allá del deseo de poseer un servicio de información o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de neutralizar un temor: la creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban siendo espiados desde dentro de la institución para intentar campañas de desprestigio mediante dossiers. El propio González se sentía víctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen. Aún hoy siente la misma sensación, a tenor del contenido de su denuncia, donde alude a la cercanía de los cómplices que hicieron posible el espionaje sufrido durante su viaje a Cartagena de Indias en agosto de 2008 y en su viaje a Johanesburgo en marzo de 2008.
- La trama de espionaje en Madrid, paso a paso
- El Gobierno de Aguirre también espió a un consejero afín a Rajoy
- La Fiscalía de Madrid abre diligencias por la trama de espionaje
- Aguirre: "Soy la principal perjudicada y la principal interesada en que se aclare"
Ignacio González
A FONDO
Nacimiento: 1960 Lugar: (Madrid)
Ver cobertura completaEl servicio secreto incluía una dirección externa para comprar datos
"González y otros altos cargos estaban siendo objeto de vigilancia"
La Comunidad no puede crear órganos policiales de inteligencia
"Necesita un servicio de información para protegerlo"
Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de José María Aznar, trató con el vicepresidente madrileño la necesidad de crear el servicio secreto. Moro era amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro combatía la inmigración irregular desde su puesto de Delegado del Gobierno en Ceuta.
Moro veía claro el problema que tenía el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando contactó con su amigo: "González y otros altos cargos estaban siendo objeto de vigilancia", seguimientos que conducían a la elaboración de dossiers contra él. "Necesitaba un servicio de información para protegerlo".
Moro explica así sus gestiones. "Hablamos de la posibilidad de algún servicio con el amparo y legitimación que tienen los del País Vasco y Cataluña. Era un servicio para proteger informativamente a los altos cargos de la Comunidad autónoma".
Moro reveló a EL PAÍS que por aquella época, los altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban preocupados porque temían que estuvieran siendo espiados desde dentro.
Ignacio González recibió el borrador de servicio secreto y lo aparcó. "No lo vi conveniente y, además, era un tema competencia de [Francisco] Granados [consejero de Interior de la Comunidad de Madrid]", explicó a EL PAÍS. González enmarcó la propuesta de su amigo en un intento de anular o neutralizar los dossiers que se lanzaban contra él en aquellos tiempos. Ahora, al recordarlo, no le concede mayor trascendencia, si bien reconoce el hartazgo que sobre él pesaba de ser objeto de oscuras maniobras cuando surgió la iniciativa. Pero evita detallar qué o quién bloqueó tal proyecto dentro del Gobierno regional.
Cuando Moro y González hablaban de crear un CNI madrileño legal, por más que entrañara una dura batalla competencial conseguirlo, el consejero de Interior, Francisco Granados, estaba fichando al ex inspector de policía Marcos Peña, que asumió la dirección de un equipo de ex guardias civiles. Peña aseguró a este periódico que su grupo realizaba los informes que le pedía su jefe, Granados, que versaban sobre escándalos o corrupciones que afectaban fundamentalmente a municipios socialistas como Coslada, Ciempozuelos...
El propio Francisco Granados les atribuye unas funciones de contravigilancia, que Peña desmiente y que, según los expertos, la ley les impide ejecutar por carecer la Comunidad de Madrid de competencias para ello. Esta unidad, al igual que otra que dirige el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, con varios ex policías a sus órdenes, dependen del consejero Granados. No están bajo la estructura orgánica al mando del actual director de Seguridad que ni los tiene, ni los ha querido tener, bajo sus órdenes.
Su labor escapa así al común de los integrantes de la seguridad de la Consejería de Interior. Las labores definidas por Peña perfilan un auténtico servicio de información. Granados lo niega. En este contexto de creación de unidades "descontroladas" de la estructura ordinaria y jerárquica -sólo responden al consejero, según fuentes de su departamento-, se bloqueó y se vetó la creación de un servicio secreto legal y transparente al servicio de la Comunidad de Madrid, tal y como planteaba Moro. "Vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces", ofreció Moro a González. No fue atendido. "Y ahora esto que está lloviendo es tremendo", ironiza.
Moro conocía ya entonces la existencia de un servicio secreto clandestino al servicio de la Comunidad de Madrid. "Tenía alguna información de mis amigos, pero de amigos que no tienen que ver con la Comunidad autónoma. Empezaba a estar acreditado [la existencia de tal servicio secreto ilegal de la Comunidad] entre los medios de la seguridad. Naturalmente, legales. No la mierda que se ha montado ahí. Las noticias que circulaban era que algunos altos cargos, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid".
El plan de montar un servicio secreto fue redactado por Moro junto a ex agentes del servicio de inteligencia español, con los que conversó EL PAÍS. Aseguran que su proyecto quería servir para captar información y compartirla con los servicios de información legales. Y querían evitar fichar a ex guardias o ex policías. "Porque se convierten en espías al servicio de sus cuerpos de origen". El Proyecto SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos) respondía, según el borrador entregado a Ignacio González, a "una necesidad específica de seguridad e inteligencia emergente en el Estado de las Autonomías". En dos folios, Moro resumía las virtudes de la nueva Sociedad:
- Solución afinada y eficaz. "Es una solución más afinada y eficaz ante la necesidad señalada, creciente en el actual contexto sociopolítico (...) acorde con otras experiencias más flexibles y acertadas impuestas en países de nuestro entorno occidental (por ejemplo, las Unidades de Inteligencia de ámbito departamental existentes en Francia", explicaba el texto.
- Recursos externos debidamente filtrados. El servicio secreto autonómico podría utilizar "de forma eventual medios o recursos externos debidamente filtrados y controlados". De hecho, en el organigrama de SEDE contemplaba un departamento de relaciones externas dedicado a la "adquisición de información".
- Capitalizar las Brigadas de Policías Municipales.
Los impulsores de este CNI autonómico defendían la necesidad de un servicio de este tipo en la Comunidad de Madrid ante las amenazas terroristas y para "reorientar y capitalizar de forma adecuada las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid). Aguirre intentó crear su propia policía autonómica pero ante la imposibilidad legal de hacerlo, decidió subvencionar la contratación de policías municipales en los ayuntamientos madrileños y englobar a ese grupo de agentes bajo la denominación de BESCAM.
Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS aseguran que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para crear su propio servicio secreto: "El Estatuto de Autonomía de Madrid establece que las competencias de la Comunidad se circunscriben a la 'vigilancia y protección de sus edificios'. Ámbito que, como reitera a renglón seguido el Estatuto, se ejercerá 'respetando, en todo caso, los dispuesto en la Constitución Española'. En este marco competencial es obvio, y nada discutible, que la creación de un Centro de Inteligencia autonómico, que, por definición, exige todo un conjunto de actividades, eminentemente de carácter policial, para la recogida, almacenamiento, tratamiento y análisis de un amplio espectro de informaciones relevantes para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y la seguridad de las instituciones, no está amparado en el marco competencial que la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento reconocen a la Comunidad de Madrid".
Fuente: El país
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Mariano Rajoy ha ordenado una investigación interna al objeto de depurar, llegado el caso, responsabilidades políticas por el caso del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid. El PP hizo público ayer un comunicado después de que la dirección nacional entendiera que no era posible seguir manteniendo silencio sobre un asunto que, por lo pronto, afecta a tres dirigentes del partido, objeto de esas presuntas labores de espionaje, y pone en jaque tanto al Gobierno madrileño como a la dirección regional del partido, al tiempo que salpica a Génova.
El líder del PP ha encargado a su «número dos», María Dolores de Cospedal, que «recabe toda la información necesaria a fin de aclarar hasta sus últimos extremos lo ocurrido y adoptar, en su caso, las medidas pertinentes», según reza un texto en el que no se omiten referencias a posibles responsabilidades políticas.
La investigación abierta sería el paso previo a la intervención del Comité de Derechos y Garantías y, por tanto, a la apertura de un expediente, a la suspensión de militancia o a la expulsión, según admitieron distintas fuentes populares, que no dudan en hablar de la «ejemplaridad» de los pasos iniciados ayer por el líder del PP. Uno de los interlocutores de ABC no pudo ser más claro: «Hay que limpiar el buen nombre del PP y no nos vamos a cortar un pelo».
Cospedal habló ayer ya con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con el actual responsable del PP en el Exterior, Alfredo Prada, uno de los supuestamente espiados. También lo hará con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; con el consejero de Justicia e Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y con el vicealcalde, Manuel Cobo y, en definitiva, con todos los aludidos en la trama. Pero el PP tampoco esperará al producto de esta investigación en caso de que aparezcan evidencias incontestables, ya que actuaría de inmediato.
«Tocando de oído»
Sin embargo en Génova también admiten que «estamos tocando de oído», primero porque las informaciones tienen origen periodístico y, segundo, porque la presidenta de la Comunidad ha negado en sus conversaciones con Rajoy y con otros dirigentes de Génova con los que habló ayer a lo largo del día la veracidad de las mismas.
Así, el PP dice que, de confirmarse las informaciones en torno a la red de espionaje, «nos encontraríamos ante unos hechos gravísimos y unas actuaciones inadmisibles en su naturaleza, independientemente de su origen». Pero esta última matización no pretende diluir responsabilidades porque, a continuación, la nota añade que «la práctica de escuchas o seguimientos ilegales repugnan al Partido Popular y a su presidente, como ha quedado acreditado en su larga trayectoria pública».
Esperanza Aguirre ha asegurado a Rajoy que todo es un «montaje» y amenaza con ir a los tribunales.
Los hechos publicados y categóricamente negados por esperanza Aguirre, darían lugar, de ser verdad, a responsabilidades en el ámbito de la Justicia «de la que instamos una actuación inmediata», exhorta Génova, pero «igualmente, se derivarían, en su caso, responsabilidades de carácter estrictamente político, que el PP exigiría con absoluta firmeza y determinación».
¿Cuál es el margen de maniobra de Rajoy? Ninguno en lo que afecta al Gobierno regional, pero sí en lo que respecta a la dirección madrileña del partido, puntualizan distintas fuentes consultadas. El presidente del PP, a decir de muchos de los que ayer hablaron con él, «está indignado y desconcertado» y hay voces en Génova que creen que Aguirre ya debería haber acudido a los tribunales.
Aguirre respalda
La presidenta regional, que ayer no acudió a la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad, sí se refirió por la tarde a esta posibilidad al avisar con llevar a los tribunales a aquellos que sigan acusando «sin pruebas al Gobierno regional» de estar detrás de la red; esta advertencia se la hizo extensiva a su compañero de partido, el alcalde de Madrid, Alberto ruiz-Gallardón. «El alcalde de Madrid o cualesquiera otra persona que dé por buena la información que publica «El País» tendrá que probarlo, que demostrarlo, que rectificar, y si no tendrán que vernos en los Tribunales». informa Efe.
Aguirre insistió en que «el que tenga pruebas que las ponga sobre la mesa, que ponga en conocimiento de los jueces y de la Fiscalía toda la documentación que pueda sostener o acreditar que aquí -en la Comunidad de Madrid- se ha montando algo parecido a un servicio de espionaje y si no se presentan estas pruebas, tendrán que vérselas con el Gobierno regional en los Tribunales».
Sin embargo, también dijo que si se demuestra que «alguna persona en la Comunidad ha participado en espionajes, seguimientos o lo que sea, desde luego, inmediatamente será, al nivel que tenga, expulsado», pero pone «la mano en el fuego» por todos sus consejeros y se considera la primera perjudicada por esta trama. Habrá ocasión además de escucharla en un acto público del partido el sábado durante la apertura del I Foro Abierto de Militantes del PP .
Para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el tema es «muy serio», exigió rigor y dijo lamentar que haya políticos, -en referencia al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons-, que intenten «hacer chistes malos». Según el jefe del Ejecutivo la dirección popular va de «asombro en asombro», pero dijo que «Génova sabe a dónde tiene que mirar para buscar responsabilidades», según informa Gabriel Sanz.
Fuente: ABC
