Directamente paso de hacer comentarios, aparte de jaaaaaaaaaaaaaa jajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajaja. Mejor reir que llorar. Aunque no haga nada coherente, hay que reconocer que este gobierno es mejor que el Club de la Comedia. Con tal de reirnos un poco cada dia, hay que votar en masa en las proximas elecciones para que nos alegre un poco la vida....
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LA CEP DICE QUE ES UNA "BURLA" AL TRABAJO DE LA POLICÍA
Una orden de expulsión servirá para empadronarse y acceder a la regularización
Caldera ha fijado finalmente una lista de siete documentos que los inmigrantes podrán presentar al empadronarse para acreditar que residen en un municipio antes del 8 de agosto -requisito del proceso de regularización-. Entre ellos figura una orden de expulsión por estancia irregular no ejecutada. Desde el PP consideran que es una incoherencia. La Confederación Española de Policía dice que se trata de una “burla” al trabajo de más de mil policías de las unidades de Extranjeros.
L D (EFE) Según informó el Instituto Nacional de Estadística en un comunicado, tras una reunión de más de seis horas la comisión permanente del Consejo acordó que, además de la orden de expulsión no ejecutada (inmigrantes detenidos por ilegales pero que aún no han podido ser expulsados de España), se aceptará también solicitud de empadronamiento no resuelta o denegada, una tarjeta sanitaria, una solicitud de escolarización de menores, certificado de un informe de los servicios sociales, alta laboral en la Seguridad Social o solicitud de asilo.
La fecha de alta en el padrón no será retroactiva, sino que reflejará la del día en que se solicite el empadronamiento, aunque el certificado padronal hará referencia a los documentos presentados, que tendrán que ser originales o copia compulsada, haber sido emitidos por una administración pública española y contener los datos de identificación del interesado. Quienes estén empadronados con fecha posterior al 8 de agosto, también podrán solicitar ese certificado padronal acreditativo de la residencia presentando los mismos documentos.
Las instrucciones técnicas para que los ayuntamientos expidan estas "certificaciones padronales acreditativas de la residencia" se recogerán en una resolución conjunta de la presidenta del INE y del director general de Cooperación Local y sólo se aplicarán a los empadronamientos que soliciten extranjeros no comunitarios mayores de 16 años durante el proceso de regularización, que concluye el 7 de mayo.
Caldera recomienda "que nadie se apure en los tiempos"
Según anunció este viernes en Guadalajara el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el certificado de haber solicitado en un ayuntamiento el empadronamiento por omisión, junto con el contrato de trabajo, serán suficientes para iniciar el trámite de la regularización. "Que nadie se apure en los tiempos", pidió Caldera tras explicar que el certificado de empadronamiento y el de penales se podrán presentar una vez concluido el proceso.
El empadronamiento por omisión fue la fórmula consensuada el pasado lunes en la mesa de diálogo social para facilitar que los inmigrantes con empleo y que no se empadronaron en su día pudieran acogerse al proceso de regularización. Ante la heterogeneidad de documentos con los que los inmigrantes podían acreditar su estancia en España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pidió al Consejo de Empadronamiento que los especificara para garantizar el principio de igualdad y evitar agravios entre municipios.
El Consejo de Empadronamiento consideró este jueves que no es necesario modificar la resolución de 1997 que regula el empadronamiento por omisión, ya que en vez de inscribir una fecha retroactiva de alta se incluirán en el certificado los documentos que acreditan la residencia antes de agosto.
Para empadronarse serán exigidos los papeles habituales: un documento de identificación y un certificado que justifique el domicilio de residencia. A la reunión del Consejo, presidida por la presidenta del INE, Carmen Alcaide, asistieron representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias y del Ministerio de Administraciones Públicas y la directora general de Inmigración, Marta Rodríguez-Tarduchy.
Al ponerse en marcha el proceso de regularización, muchas asociaciones y organismos, incluidos el Defensor del Pueblo y el Consejo General de la Abogacía, habían alertado al Gobierno del obstáculo que suponía exigir como única prueba de la estancia en el país el certificado de empadronamiento, ya que había inmigrantes con empleo que no se habían dado de alta. Según estas organizaciones, el miedo a que la policía accediera al padrón y se iniciara un procedimiento de expulsión, los obstáculos de algunas administraciones locales a la hora de dar de alta a irregulares, o la no exigencia del empadronamiento para obtener la tarjeta sanitaria en algunas provincias hicieron que muchos extranjeros no se registraran.
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LA CEP DICE QUE ES UNA "BURLA" AL TRABAJO DE LA POLICÍA
Una orden de expulsión servirá para empadronarse y acceder a la regularización
L D (EFE) Según informó el Instituto Nacional de Estadística en un comunicado, tras una reunión de más de seis horas la comisión permanente del Consejo acordó que, además de la orden de expulsión no ejecutada (inmigrantes detenidos por ilegales pero que aún no han podido ser expulsados de España), se aceptará también solicitud de empadronamiento no resuelta o denegada, una tarjeta sanitaria, una solicitud de escolarización de menores, certificado de un informe de los servicios sociales, alta laboral en la Seguridad Social o solicitud de asilo.
La fecha de alta en el padrón no será retroactiva, sino que reflejará la del día en que se solicite el empadronamiento, aunque el certificado padronal hará referencia a los documentos presentados, que tendrán que ser originales o copia compulsada, haber sido emitidos por una administración pública española y contener los datos de identificación del interesado. Quienes estén empadronados con fecha posterior al 8 de agosto, también podrán solicitar ese certificado padronal acreditativo de la residencia presentando los mismos documentos.
Las instrucciones técnicas para que los ayuntamientos expidan estas "certificaciones padronales acreditativas de la residencia" se recogerán en una resolución conjunta de la presidenta del INE y del director general de Cooperación Local y sólo se aplicarán a los empadronamientos que soliciten extranjeros no comunitarios mayores de 16 años durante el proceso de regularización, que concluye el 7 de mayo.
Caldera recomienda "que nadie se apure en los tiempos"
Según anunció este viernes en Guadalajara el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el certificado de haber solicitado en un ayuntamiento el empadronamiento por omisión, junto con el contrato de trabajo, serán suficientes para iniciar el trámite de la regularización. "Que nadie se apure en los tiempos", pidió Caldera tras explicar que el certificado de empadronamiento y el de penales se podrán presentar una vez concluido el proceso.
El empadronamiento por omisión fue la fórmula consensuada el pasado lunes en la mesa de diálogo social para facilitar que los inmigrantes con empleo y que no se empadronaron en su día pudieran acogerse al proceso de regularización. Ante la heterogeneidad de documentos con los que los inmigrantes podían acreditar su estancia en España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pidió al Consejo de Empadronamiento que los especificara para garantizar el principio de igualdad y evitar agravios entre municipios.
El Consejo de Empadronamiento consideró este jueves que no es necesario modificar la resolución de 1997 que regula el empadronamiento por omisión, ya que en vez de inscribir una fecha retroactiva de alta se incluirán en el certificado los documentos que acreditan la residencia antes de agosto.
Para empadronarse serán exigidos los papeles habituales: un documento de identificación y un certificado que justifique el domicilio de residencia. A la reunión del Consejo, presidida por la presidenta del INE, Carmen Alcaide, asistieron representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias y del Ministerio de Administraciones Públicas y la directora general de Inmigración, Marta Rodríguez-Tarduchy.
Al ponerse en marcha el proceso de regularización, muchas asociaciones y organismos, incluidos el Defensor del Pueblo y el Consejo General de la Abogacía, habían alertado al Gobierno del obstáculo que suponía exigir como única prueba de la estancia en el país el certificado de empadronamiento, ya que había inmigrantes con empleo que no se habían dado de alta. Según estas organizaciones, el miedo a que la policía accediera al padrón y se iniciara un procedimiento de expulsión, los obstáculos de algunas administraciones locales a la hora de dar de alta a irregulares, o la no exigencia del empadronamiento para obtener la tarjeta sanitaria en algunas provincias hicieron que muchos extranjeros no se registraran.
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