Os dejo un artículo de Jesús A. Núñez Villaverde, licenciado en Económicas y Empresariales, militar retirado y una de las personas que más sabe en España del mundo árabo-musulman, especialmente en temas de seguridad, defensa y cooperación. Para mí, un referente sin lugar a dudas, alguien con [y de] quien he aprendido mucho.
[FONT=Arial,Helvetica]España:una tormenta militar en un vaso de agua [/FONT]
Que en la España del siglo XXI las declaraciones de un alto mando militar, en este caso las del teniente general José Mena, sigan creando polémica, incluso con eco en medios de comunicación extranjeros, resulta triste y chocante. En el análisis de lo ocurrido con ocasión de su discurso en una fecha tan señalada como la Pascua Militar (5 de enero), cabe establecer una distinción entre lo que supone el comportamiento del Jefe de la Fuerza Terrestre y las reacciones políticas subsiguientes.
Con respecto al primer punto, escenificado en una ocasión en la que ostentaba la representación del Jefe del Estado, no cabe la tibieza: es, sin ningún género de dudas, un hecho inaceptable y contraproducente. *
Tras más de treinta años de servicio el general Mena conocía sobradamente las normas que imponen determinados recortes en sus derechos políticos a todo militar profesional (imposibilidad de sindicación o de pertenencia a partidos políticos, entre otros). Conocía igualmente la prohibición de manifestar públicamente opiniones políticas, fuera para hacer referencia a un tema tan sensible como el proceso de discusión de un nuevo Estatuto de autonomía para Cataluña o para cualquier otro asunto de la agenda política nacional. En consecuencia, cuando decidió dar publicidad a su pensamiento podía intuir alguna de las consecuencias que sus declaraciones han tenido, aunque quizás no en su totalidad.
Pudo pensar, por ejemplo, que expresaba así lo que muchos otros sentían, dada la evidente tensión que el proceso de aprobación del citado Estatuto está generando. Pudo, asimismo, dar salida a una preocupación, incluso sincera, de su ideario personal, entendiendo al mismo tiempo que, a escasas fechas de su obligado retiro por razones de edad, eso le tranquilizaría interiormente y, ya como oficial retirado, le reportaría un ilusorio aplauso en los círculos en los que se mueva a partir de ahora. Convertido en portavoz de facto de ese estado de opinión no debió de calibrar, sin embargo, el notable efecto negativo que su decisión personal ha tenido para el conjunto de las fuerzas armadas.
Su apelación al artículo 8 de la Constitución vigente (1978), según el cual las fuerzas armadas (FAS) son las encargadas de la defensa de la independencia, la soberanía y la integridad territorial de España- dando a entender que las FAS podrían verse obligadas a actuar si el proceso de aprobación del Estatuto sigue adelante- es, a todas luces, una aberración. Por imperfecta que sea la redacción de ese artículo (compensada en cualquier caso por otros de ese mismo texto fundamental), no hay nada en el ordenamiento político español que otorgue a las FAS ningún tipo de poder autónomo con respecto a la autoridad civil del Estado. Los ejércitos son un mero instrumento a disposición del poder civil, que será activado exclusivamente cuando los órganos de decisión política así lo decidan. Bajo ningún supuesto puede imaginarse una actuación militar al margen de las instancias políticas del Estado y, por tanto, ni en éste ni en cualquier otro caso cabe entender que un mando militar por separado, o incluso el conjunto de la cúpula militar, puedan actuar de manera independiente para tomar parte en el debate, y mucho menos en el proceso de toma de decisión, político.
Con sus declaraciones, el mando militar ha dañado a las FAS ante la sociedad española. Sólo con grandes esfuerzos se ha logrado en estos últimos veinte años una apreciable recuperación de la imagen que de las FAS tiene el conjunto de la ciudadanía. Su participación en operaciones internacionales de paz, su profesionalización y la profunda reestructuración de su despliegue y composición han permitido superar en gran medida la imagen de la etapa franquista de unos ejércitos ocupantes en su propio territorio y con influencia muy directa en los asuntos políticos (la definición de las FAS como poder fáctico no era un mero apelativo formal). Una vez superado el trauma de 1981 (con el último intento notorio de golpe de Estado) aquella visión había pasado a la historia y así lo demuestra la valoración social de las FAS en las sucesivas encuestas de opinión sobre el conjunto de las instituciones del Estado. Desde esa perspectiva, cabría calificar de nefasto el último servicio que el citado general ha prestado a la institución.
En cuanto a las reacciones provocadas por el discurso, el comportamiento de algunos representantes políticos resulta aún más preocupante y contraproducente que el mismo hecho en sí. Mientras cabe calificar de adecuadas las medidas adoptadas por el ministro de defensa (arresto domiciliario, cese de su cargo y pase inmediato a la reserva),
las declaraciones de algunos altos representantes del principal partido de la oposición (Partido Popular) son, si cabe, aún más negativas que las del propio militar. En lugar de sumarse, como ha hecho el resto de los partidos del arco parlamentario, a la condena sin paliativos de lo declarado por Mena y de dar por buena la reacción del ministro del ramo, han intentado rentabilizar lo ocurrido a favor de su agenda política.
Lo malo no es la petición de comparencia parlamentaria del ministro, intentando de alguna manera responsabilizarlo de su nombramiento para el puesto que ocupa (olvidando tal vez que de su ascenso a general y de seis de sus últimos siete destinos es responsable precisamente un gobierno del Partido Popular). Lo radicalmente inaceptable, y desestabilizador, es que se consideren esas declaraciones como “inevitables” y que se alimenten los posicionamientos políticos de los militares, echando por tierra las bases fundamentales sobre las que se asienta el orden político democrático. Mostrar simpatía y comprensión por la actitud del general Mena significa, sin más rodeos, alimentar comportamientos antidemocráticos, cuando no directamente golpistas; algo que debería estar absolutamente descartado para quien ha ocupado las responsabilidades del gobierno y para quien aspira, algún día, a asumirlas. Por esa vía, inspirada por el interés coyuntural de sumar argumentos a su rechazo al Estatuto de autonomía catalán, se abre una puerta que a todos debería interesar que se mantenga cerrada para siempre.
Sólo cabe esperar que, por encima del no siempre ejemplar comportamiento de algunos partidos políticos, la sociedad española sea consciente de que lo ocurrido no es más que una tormenta en un vaso de agua, magnificada por algunos al servicio de sus no siempre ejemplares intereses, y de que en España no hay hoy, y ojalá que por mucho tiempo, un problema militar.
http://www.iecah.org/espanol/globaliza/derecho/mena.htm
El IECAH es el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
* El rojo y el subrayado son míos.