El tribunal culpa a una célula islamista del 11-M, descarta a ETA y desmonta todos los bulos amparados por el PP durante tres años
Las víctimas serán indemnizadas con entre 30.000 y medio millón de euros
JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - 31/10/2007
La sentencia firmada esta mañana por los magistrados de la Audiencia Nacional Fernando García Nicolás, Alfonso Guevara y Javier Gómez Bermúdez considera probado que los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que causaron 191 muertos y más de 1.800 heridos, fue perpetrado por una célula islamista (siete de cuyos miembros murieron en el suicidio de Leganés y por tanto no han sido juzgados), con la ayuda del ex minero José Emilio Suárez Trashorras, que les facilitó el robo de los explosivos con los que se fabricaron las bombas en una mina asturiana.
Gómez Bermúdez, en la primera parte de la lectura de un resumen de la sentencia, fue desmontando uno a uno, con decenas de pruebas, todos los bulos difundidos durante los últimos tres años por el periódico El Mundo y amparados, amplificados y avalados por el grupo parlamentario del Partido Popular en el Congreso y por alguno de sus principales dirigentes. "Ninguna prueba avala la tesis" de que ETA participó en el atentado, ha concluido el tribunal.
Sin agujeros negros. La sentencia considera que el explosivo que estalló en los cuatro trenes de Cercanías fue robado en Mina Conchita; que la mochila desactivada en un parque de Vallecas correspondía a una de las 13 que los terroristas colocaron en los trenes; que la furgoneta Renault Kangoo en la que se desplazaron hasta Leganés alguno de los islamistas fue trasladada al complejo policial de Canillas sin que nadie manipulara las pruebas que contenía; que el suicidio de Leganés, donde murieron siete de los terroristas, no fue un montaje; que no hay una sola prueba de la vinculación de ETA con los atentados; que las autopsias de los suicidas se hicieron de acuerdo a la normativa lega; y que la instrucción del juez Del Olmo fue correcta.
La dinamita. "Toda o gran parte de la dinamita" usada en el atentado y empleada por los terroristas que se suicidaron en Leganés "procedía de la mina Conchita", ha asegurado el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez. "No se sabe con absoluta certeza la marca comercial" de la dinamita, pero eso "no impide llegar a conclusiones judiciales", ha añadido. La dinamita fue obtenida por la connivencia de ciertos empleados de la citada mina, con lo que da por probada la implicación de la conocida como trama asturiana en el 11-M.
La mochila de Vallecas.De igual forma, al tribunal no le queda duda de la autenticidad de la mochila de Vallecas, uno de los artefactos explosivos retirados de los trenes y que, al no estallar, pudo ser desactivada y se convirtió en una prueba clave de la investigación. Los jueces creen que la prueba estuvo siempre bajo vigilancia policial, lo que desmonta las teorías conspiratorias que afirmaban que alguien pudo manipular la mochila para incriminar a la célula islamista, o incluso colocarla tras los atentados. No obstante, el tribunal considera "extravagante" aunque explicable por el caos del momento, el periplo que sufrió esa prueba en su viaje desde el lugar del hallazgo hasta la comisaría de Puente de Vallecas en la que quedó finalmente custodiada. Creen los jueces que un descontrol así debería evitarse en el futuro pero da validez plena a la prueba.
Las víctimas. Las víctimas serán indeminazadas con cantidades que van de 30.000 a un millón y medio de euros, según ha dictaminado el tribunal.
La instrucción de Del Olmo. Gómez Bermúdez ha comenzado su alocución defendiendo la labor del juez instructor, Juan del Olmo, al tiempo que rechazaba las cuestiones previas planteadas por las defensas, que pedían la nulidad del proceso por supuestos errores en la instrucción. Ha asegurado que tanto la furgoneta Renault Kangoo encontrada en Alcalá de Henarés como la mochila de Vallecas fueron custodiadas en todo momento por la policía y son pruebas "auténticas", es decir, "no hay indicio alguno" de que pudieran ser colocadas a posteriori o manipuladas. También ha sido descartado el argumento "soterrado y poco claro" basado en la falta de autopsia a los suicidas de Leganés.
. Con el nuevo código penal creo que las reducciones de condena se calculan sobre los 40000 años, así que tiene su importancia aunque la cifra suene absurda.
