Seguramente habrá elementos impugnables del proceso electoral que recién concluyó, sobre todo porque una elección tan cerrada tiene que ser vista bajo lupa.
Pero pretender condicionar la transparencia de la elección a la apertura de los paquetes electorales y al conteo voto por voto (conteo que los propios ciudadanos ya hicieron el 2 de julio) es una más de las -convenencieras- telarañas de López Obrador alrededor de la transparencia.
La descalificación sin ton ni son del PRD contra el trabajo del IFE es una irresponsabilidad, es despreciar la construcción institucional sobre la que se sostiene un sistema electoral que ha costado el esfuerzo de generaciones de mexicanos.
Es cierto, fue un grave error del IFE no explicar el 2 de julio en la noche que el PREP estaba dejando fuera, mientras asumía como contados, casi 3 millones de votos. La falla crece tomando en cuenta que la elección terminaría definiéndose por poco más de 200 mil votos.
Pero, ¿es creíble que el IFE estuviera pretendiendo ocultar un acuerdo del Consejo General del IFE en el que participaron todos los partidos políticos?
¿Tiene sentido el supuesto fraude del IFE de "esconder" aproximadamente 11 mil actas con inconsistencias que, además de ser reconocidas por los partidos, finalmente serían contadas dos días después?
Hay muchas razones por las que se puede impugnar una elección, pero si vemos con frialdad lo que toca específicamente al conteo de votos, tendríamos que concluir que bajo la presidencia de Luis Carlos Ugalde hemos tenido el conteo de votos más transparente de nuestra historia.
La pasión alrededor del virtual empate entre el PAN y el PRD hace que perdamos de vista que se cumplió como nunca con tres condicionantes de la transparencia informativa que se espera de un árbitro electoral.
Primero: Se ofreció certidumbre sobre el tipo de información que se ofrecería el día de la elección;
Segundo: Se explicó cuál iba a ser la calidad de las diferentes aproximaciones al resultado que se darían el día de la elección, y
Tercero: Lo más importante, el presidente del IFE, para asegurar la no discrecionalidad de sus informes, se amarró las manos desde antes de la jornada electoral y aclaró bajo qué condiciones se ofrecerían cada uno de los reportes sobre el resultado de la votación.
El ejemplo más claro de esto es lo que sucedió con el conteo rápido del IFE diseñado por un grupo de reconocidos matemáticos que con una muestra de 7 mil 600 casillas permitiría una aproximación del resultado con un margen de error mínimo.
Pero aun así tuvieron que respetar el acuerdo previo de no dar a conocer el resultado del mismo si la diferencia que arrojaba entre el primero y el segundo lugar era menor a un punto porcentual.
Sobre el PREP, el IFE y Luis Carlos Ugalde en lo personal, explicaron hasta el cansancio que se trataba de un sistema que iba sumando el resultado de las casillas como fueran llegando a los centros de cómputo y que, por lo tanto, no podía ser considerado como una aproximación confiable del resultado final, menos aun en los inicios del conteo.
En resumen, se dio certidumbre sobre cuáles eran los diferentes indicadores del resultado de la elección, se explicó cuáles serían las características y la calidad de los mismos y se siguieron al pie de la letra las condiciones preestablecidas para dar a conocer dichos indicadores.
No se puede llamar poco transparente al IFE después de haber establecido, frente a todos los partidos, las reglas del juego y cumplido con ellas.
López Obrador tiene derecho a impugnar el proceso electoral, pero equivoca la dirección de las culpas.
Comparar el 2006 con la elección del 1988 es inaceptable, es un insulto, sobre todo cuando la mayor parte de nuestros esfuerzos democratizadores desde aquel fraude han ido encaminados a cumplir con la primera de regla de un sistema democrático: una persona, un voto.
Casi un millón de ciudadanos observaron el 2 de julio pasado que esta condición se cumpliera. No se les pude decir ahora que su trabajo hay que tirarlo a la basura.
Con textos de editorial de El Norte